Más de la mitad de los jóvenes inquilinos, en torno al 70% según el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Córdoba (API), cumplen los requisitos económicos establecidos para acceder al nuevo bono joven de alquiler, una medida recién aprobada por el Gobierno central que ha despertado un gran interés entre el segmento de población afectada (de 18 a 35 años) aunque la medida, publicada en el Boletín Oficial del Estado, no se espera que entre en vigor antes de dos meses, ya que aún está pendiente de su coordinación con las comunidades autónomas. En cualquier caso, cuando se aplique tendrá carácter retroactivo con fecha 1 de enero del 2022. Los agentes de la propiedad inmobiliaria valoraron este miércoles muy positivamente las ayudas, «que beneficiará principalmente a los mileuristas de ciudades medias como Córdoba, donde los alquileres de esta población no superan los 600 euros establecidos como tope».

En opinión de Agustín León, que habló en nombre de API, «la situación de muchos jóvenes después de la crisis provocada por la pandemia, la subida del IPC y del coste de los suministros básicos exige el acceso a ayudas de este tipo que permitan su emancipación». Según su experiencia, «la inmensa mayoría de los jóvenes trabajadores cordobeses de entre 18 y 35 años no superan los ingresos fijados por la norma (24.318 euros anuales), por lo que este tipo de ayuda supondrá un alivio a final de mes». Además, tiene la ventaja de que es compatible con otras ayudas de acceso a la vivienda, bonos sociales o el Ingreso Mínimo Vital, por lo que los interesados podrán aspirar a que el coste mensual se les reduzca hasta en un 75%.

Por su parte, la Asociación de Agencias Inmobiliarias de Córdoba (Asaicor) teme que la implantación de este tipo de subvenciones «en un mercado de alquiler con escasa oferta como el de la ciudad haga que los propietarios suban el precio de la renta en zonas que actualmente se alquilan por debajo de los 600 euros, contando con que los inquilinos van a recibir esta ayuda extra». Según José Vaquero, «no sería la primera vez que una ayuda produce este efecto, lo que podría expulsar a quienes no cumplen los requisitos del bono joven por edad, que tendrían que alquilar también más caro».

Según Vaquero, el precio medio de alquiler en Córdoba está en los 500-550 euros aunque sube hasta los 750 euros en ciertas zonas como El Tablero, El Zoco o Arroyo del Moro. «La franja de edad de 27 a 35 años es de las que más alquilan pisos como vivienda habitual en Córdoba, a la que habría que añadir con esta ayuda a los de 18 a 26 años, que se sumarán como demandantes de alquiler». El mercado inmobiliario de Córdoba «es muy limitado», destaca, pero «prevemos que las ayudas harán más atractivo el alquiler entre los jóvenes que tienen un empleo a la hora de emanciparse». El resultado, en su opinión, puede ser que «se congestione la oferta y al cubrir esta población los inmuebles de alquiler de hasta 600 euros, al resto solo le quede optar a los más caros». 

El Decreto del Gobierno prevé además una ayuda de hasta 300 euros para las personas que alquilan una habitación en un piso compartido. Esta medida no se aplicaría a los estudiantes, salvo que estudien y trabajen, ya que tienen que demostrar unos ingresos mínimos constantes y una vida laboral de al menos tres meses en los seis meses previos a la firma del contrato. «Habrá que ser muy rigurosos con la aplicación de esta ayuda para evitar la picaresca», detalla Vaquero, «y valorar los ingresos de todos para que cada uno pueda solicitar su ayuda». Según Asaicor, en Córdoba existe un número importante de propietarios que alquilan viviendas de esta forma, por habitaciones, sobre todo en barrios como Ciudad Jardín o Santa Rosa. El precio medio de las habitaciones alquiladas en pisos compartidos en Córdoba es de entre 150 y 250 euros.

También quedan excluidos del bono los propietarios o usufructuarios de alguna vivienda en España o quienes o quienes suscriban un contrato de alquiler con propietarios a los que les una parentesco en primer o segundo grado de consanguinidad. Al tratarse de alquiler de vivienda habitual, la norma exige que los beneficiarios no solo figuren en el contrato de arrendamiento sino que estén empadronados en ella. 

Aún no se puede solicitar

Ante la avalancha de solicitudes de información recibida desde que se aprobó este martes el bono de alquiler, tanto Asaicor como API insisten en que «todavía no se puede tramitar la ayuda». También destacan que el pago ágil de las subvenciones será clave para que la medida suponga un alivio para los inquilinos con menor poder adquisitivo.