El Registro de Demandantes de Viviendas Protegidas, elaborado por la Consejería de Fomento con datos de los ayuntamientos, expone que en la provincia de Córdoba hay (con datos actualizados hasta el año pasado) un total de 5.565 inscripciones activas (de las que 4.748 son de la capital). Si se tiene en cuenta que en la capital hay poco más de 800 viviendas VPO, que por la provincia apenas existen, y que, encima, están todas vendidas, el resultado tiene muy poco sentido.

El propio registro en sí ha sido cuestionado en varias ocasiones por los expertos. El secretario general de Construcor, Francisco Carmona, cree que es necesario «abrir un espacio de reflexión» para que el registro «pueda cumplir el fin para el que se creó», algo que ahora mismo no hace. Carmona incide en que las circunstancias económicas han cambiado y, por lo tanto, no es una herramienta útil en estos momentos. El director de Obra Nueva, José Manuel Gómez, añade que, además, para las VPO que van saliendo hay que buscar compradores fuera del registro, porque éste no está actualizado e incluye a quienes ya no están interesados en comprar una VPO porque no quieren, no pueden o ya han adquirido otra vivienda.

A su vez, el registro pone de relieve la necesidad de que esas VPO no salgan directamente en régimen de compra, sino también optar por el alquiler, la opción preferida de quienes están en la lista. En Córdoba es bastante escasa la disponibilidad de VPO para alquilar, con apenas un par de promociones.