Por ahora, la plantilla del Instituto Municipal de Turismo (Imtur) no se ha pronunciado públicamente sobre la decisión anunciada por PP y Cs de estudiar la disolución del instituto. Ningún miembro del gobierno local ha aterrizado aún en el asunto del personal y solo Vox, el grupo proponente de la liquidación del organismo, se ha referido a la plantilla para mostrarles su solidaridad, pero advertir, a continuación, que sus plazas en un futuro tendrán que sacarse a concurso.
Esa idea es rechazada de pleno por los trabajadores que defienden que ya superaron procesos selectivos (en 2001, 2003, 2004 y 2007) y entienden que lejos de tener que volver a presentarse a una oposición tendrían que tener la condición de trabajadores fijos, algo que se les prometió cuando pasaron del Consorcio de Turismo al Imtur en 2017 (ahora están como indefinidos no fijos). Esa aspiración laboral quedó pendiente al igual que la integración de esta veintena de trabajadores, que trabaja con dificultades en la sede de Rey Heredia (no han tenido internet hasta septiembre) con los de la Delegación de Turismo, para terminar de una vez con la bicefalia en la gestión municipal de las materias turísticas.
La idea, ahora, es liquidar el Imtur y retornar a estos trabajadores a la casa madre del Ayuntamiento, para ejercer desde allí las funciones que llevan a cabo. Quizá para entender de dónde venimos sea preciso recordar que el Imtur se creó en 2017 por la anterior Corporación municipal tras la disolución del Consorcio de Turismo. El consorcio era el órgano que había gestionado los designios turísticos de la ciudad desde que se creó en 2001, siendo alcaldesa Rosa Aguilar. Estaba formado por el Ayuntamiento y los empresarios del sector, aunque desde primera hora su financiación, fiscalización y asesoramiento jurídico dependió del Consistorio. Es en ese contexto se produjeron los primeros procesos selectivos de la plantilla.
En el año 2014 el consejo de administración del Consorcio de Turismo pidió al secretario del Pleno un informe sobre el personal, en el que se determinó que era fijo, una condición que pierde la plantilla al pasar al Imtur y que ha supuesto una precarización de esos puestos de trabajo.
La nueva normativa que obligaba a los empresarios a participar en la financiación del consorcio --y la negativa de estos a hacerlo-- llevó a PSOE e IU a decidir la disolución del mismo en 2016 y a crear en marzo de 2017 el Imtur. Para seguir contando de cara al diseño de las políticas turísticas locales con los empresarios y demás agentes sociales se constituyó un consejo asesor (en el mandato anterior se debatió en el seno de este consejo sobre gentrificación o la tasa turística, entre otros temas), que ayer mismo reivindicó su entonces presidente y hoy portavoz municipal de IU, Pedro García.
