El colectivo SOS Climatización, que agrupa a once colegios de la escuela pública de Córdoba, "con máquinas de climatización instaladas y no operativas desde el verano de 2020", e integrado en la Plataforma Niñ@s del Sur, ha hecho público un comunicado en el que anuncia su intención de solicitar la intervención del Defensor del Pueblo Andaluz, al tiempo que estudia remitir carta a la Unión Europea, como financiadora en gran medida del proyecto de climatización, "por el desaguisado que se está produciendo en la adecuación de las aulas y la gestión de estos fondos".

Según destaca el colectivo, el Ayuntamiento ha vuelto a decepcionarles. Señalan al área de Infraestructuras, "con la complicidad de Alcaldía", por hacer "caso omiso de sus responsabilidades para con los colegios". Recuerdan que los centros cuentan con máquinas "de coste millonario" que están "cogiendo polvo en los colegios, enchufadas y sin funcionar desde hace un año y medio". Critican al anterior concejal del ramo, David Dorado, "que demostró sobradas veces su incompetencia e incumplió sistemáticamente los plazos de inicio de obras para el aumento de potencia requerido para el funcionamiento de las máquinas" y cómo se pidió "amparo al alcalde y a la señora Albás por vía oficial sin obtener respuesta".

Con el cambio en la concejalía de Infraestructuras y la entrada del concejal Antonio Álvarez, confiaban en revertir la situación. Sin embargo, aseguran que "se estrenó incumpliendo el último plazo dado para el inicio de las obras por su compañero Dorado, 31 de diciembre de 2021". Días antes, el 17 de diciembre, el colectivo solicitó una reunión con Álvarez, "pero tampoco hubo respuesta", pese a la "obligatoria necesidad de ventilar las aulas continuamente en periodo de alto contagio covid". Para colmo, recalcan, "las temperaturas a finales de mes han caído estrepitosamente, agravándose la situación".

Entre otras cuestiones, la plataforma pide información sobre qué está pendiente para la adjudicación definitiva de la obra que "sigue sin publicarse en Contratación y cuáles son los planes para la certificación de la instalación y la conexión con la distribuidora eléctrica". Ante la falta de respuesta, el próximo paso del colectivo, será "recurrir al Defensor del Pueblo y a la UE".