El Sindicato de Enfermería Satse ha reclamado al Gobierno "que ponga orden en el caos y descontrol que están generando los test de autodiagnóstico del covid-19 en las oficinas privadas de farmacia", ya que en cada comunidad autónoma se han establecido condiciones y requisitos diferentes "sin que existan suficientes garantías de que no hay riesgos para la salud y seguridad de los ciudadanos, a los que, en todo caso, les supone un coste económico adicional".

El Sindicato de Enfermería no entiende tampoco por qué estos test de autodiagnóstico no son gratuitos en España, al igual que se ha hecho en otros países de nuestro entorno. Caso, por ejemplo de Alemania, Portugal o Gran Bretaña, cuyos gobiernos facilitan un número determinado de pruebas al mes sin ningún coste para el ciudadano.

Satse subraya que los acuerdos alcanzados en algunas comunidades autónomas con los empresarios de las oficinas privadas de farmacia sobre los test de autodiagnóstico, y su notificación al servicio de salud correspondiente, "constituye un nuevo ejemplo del descontrol y descoordinación existente entre las diferentes administraciones públicas en la lucha contra la pandemia que repercute finalmente en la seguridad y salud el conjunto de la ciudadanía".

En este sentido, el sindicato critica que algunas consejerías de Salud hayan querido beneficiar a las oficinas privadas de farmacia a la hora de realizar unas actuaciones asistenciales, como son las pruebas diagnósticas del covid-19, "que pueden y deben realizarse en los centros públicos a cargo de los profesionales sanitarios competentes y perfectamente habilitados y cualificados para hacerlo, según establece la normativa actual en nuestro país, destinando para ello los recursos y medios necesarios en personal y material sanitario".

Al respecto, Satse incide en que "los farmacéuticos no están habilitados legalmente para poder realizar pruebas diagnósticas y, menos aún, para su interpretación, diagnóstico y certificación, tal y como han reconocido distintos farmacéuticos y remarca toda la legislación y planes de estudio que establecen las funciones y competencias de estos profesionales". Apunta también que la realización de cursos o actividades formativas puntuales al respecto tampoco les da potestad ni legitimidad para poder hacerlo.

“En lugar de reforzar los centros de salud con personal y material sanitario para que a cualquier ciudadano se le pueda realizar este tipo de test de manera gratuita y con todas las garantías de salud y seguridad, en algunas autonomías se ha optado por permitir hacerlos en las oficinas de farmacia, lo que, además de conllevar riesgos, le supondrá a la persona pagar una media de unos 10 euros, con lo que los empresarios de las farmacias cobrarán esta cantidad y, además, recibirán una contraprestación económica por este servicio”, afirma.

Otro aspecto que critica la organización sindical es que se posibilite el conocimiento y tratamiento por parte de los farmacéuticos de información sobre salud de los pacientes que está especialmente protegida conforme a la legislación actual, así como datos de carácter personal también protegidos por la Ley.

Satse resalta que estos test podrían ser adquiridos también en otros establecimientos comerciales y/o en gran superficies para que, a través de la libre competencia, resulten mucho más baratos, tal y como ya se hizo en su momento con las mascarillas. Al respecto, selana, "desde la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged) ya se ha asegurado que los precios bajarían sin necesidad de regularlos si se rompe el actual monopolio que tienen las oficinas privadas de farmacia".

De otro lado, el Sindicato de Enfermería incide también en que la notificación de los casos positivos de covid-19 a los servicios de salud desde la oficinas de farmacia "ha sido también seriamente cuestionada por expertos, profesionales médicos, e incluso, desde el propio sector farmacéutico, al entender que no tiene sentido por resultar ineficaz y no aportar nada al proceso de detección y seguimiento de casos".

En definitiva, Satse reitera que el Gobierno debe abordar este asunto, con carácter urgente, con el conjunto de las comunidades autónomas "para evitar que cada una de ellas actúe de manera independiente y descoordinada y para que se establezca una estrategia de actuación conjunta y común que garantice, en todo caso, el interés general del conjunto de la ciudadanía y no otros intereses de carácter económico que benefician solo a un determinado colectivo empresarial".