La guerra de las macrogranjas aterrizará la semana que viene en el Pleno de Córdoba, donde los grupos municipales debatirán sobre la polémica desatada a raíz de una entrevista al ministro de Consumo, Alberto Garzón, en el rotativo inglés The Guardian realizada en 2021 pero viralizada hasta el hartazgo en 2022. Las formaciones políticas suelen replicar en las administraciones locales algunos debates nacionales y este, que ha sido carne de meme, no se ha librado. No será el único tema de índole nacional sobre el que disertarán los capitulares, ya que PP y Cs también presentan una moción criticando a Pedro Sánchez por el reparto de los fondos Next Generation.
En principio cuatro partidos elevan mociones a favor y en contra de este tipo de industrias ganaderas con miles de animales en una única instalación: por un lado, los partidos de la derecha Partido Popular y Ciudadanos, que redactan una moción conjunta, y Vox, que presenta en principio un texto propio; y por otro lado, el grupo municipal de IU, que defenderá como no puede ser de otra forma a su ministro Garzón. Lo más lógico es que el debate de estos textos se unifique en uno solo —PP y Cs piden, por ejemplo, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que rectifique de forma inmediata y cese al ministro Garzón— y es posible también que la derecha acabe unificando su propuesta. Además, será interesante saber qué votará el grupo municipal socialista, que gobierna con Unidas Podemos en España pero que no se ha alineado a favor de su socio en este debate.
Por otro lado, el PSOE también llevará al Pleno un debate que trasciende las competencias municipales, que tiene en exclusiva la Junta de Andalucía, y quiere apretarle las tuercas a PP y Cs —que también gobiernan en la comunidad- a cuenta de la sanidad pública andaluza y el atasco de la atención primaria por el covid y la sexta ola. La moción que los socialistas quieren debatir en todos los municipios andaluces recoge los cinco puntos del pacto que Juan Espadas ha ofrecido al Gobierno andaluz sobre sanidad y que incluye: mayor financiación del sistema sanitario público (con una modificación presupuestaria por valor de 400 millones a falta de presupuestos andaluces); contratar a “los 8.000 sanitarios que fueron despedidos e impedir que 12.000 más amenazados pierdan sus empleos” y estabilizar las plantillas; refuerzo de la atención primaria; modernización de la atención de la salud mental, y actualizar, en definitivo, el sistema público andaluz, “que es un derecho y no un privilegio”.
Contratación tras el caso Infraestructuras
Por otro lado, la portavoz socialista, Isabel Ambrosio, presentará una moción para volver a solicitar la mejora de la gestión del equipo de gobierno y el cumplimiento de la transparencia relativa a la contratación y en especial a los contratos menores. La edil socialista ha recordado que el gobierno local se vio obligado a modificar la instrucción de los contratos menores después de destaparse el caso Infraestructuras para corregir la mala praxis en estas licitaciones, donde “se ha actuado hasta ahora al margen de la norma”, dice Ambrosio.
En la moción, el PSOE recuerda al equipo de gobierno que según la normativa es obligado publicar esos contratos en la plataforma de contratación y en el portal de transparencia, después de que hayan sido “reiterados” los avisos de la Intervención para que se le hagan llegar los expedientes completos. “Son dos asuntos fundamentales que han venido incumpliendo el gobierno municipal”, ha dicho la portavoz socialista, Isabel Ambrosio.
Asimismo, los socialistas quieren que cuando entre en marcha la comisión delegada de contratación se les faciliten todos los expedientes a los grupos de la oposición para conocer “con quién se ha contratado, para qué se ha contratado y bajo qué criterios”. Tanto de las delegaciones municipales como de los entidades y organismos autónomos.
