La Inspección de Trabajo sigue detectando casos de fraude y economía irregular en Córdoba, sobre todo en la regulación del mercado de trabajo. Pese a que se redujo el número de sanciones durante el 2020 (último informe disponible), el año del inicio de la pandemia no rebajó el número de trabajadores que tuvieron que ser dados de alta por las empresas cordobesas al no estar conforme a ley. La Inspección de Trabajo obligó en el 2020 a regularizar la situación de 1.031 trabajadores en la provincia, una cifra que supera los 842 del 2019, aunque está por debajo de los 2.469 que se dieron de alta en el 2018. El informe anual de la Inspección de Trabajo, que se ha dado a conocer en estos días, refleja que en la provincia se cometieron 379 infracciones de economía irregular y que hubo sanciones por valor de 1,55 millones de euros. De éstas, 138 se debieron a infracciones al no dar de alta a los trabajadores, mientras que hubo 67 por mala gestión de los permisos de trabajo para extranjeros y se cometieron 174 delitos en prestaciones a la Seguridad Social. Si se analiza el periodo 2016-2020, la Inspección de Trabajo ha obligado a regularizar la situación de 6.660 trabajadores en la provincia e impuso sanciones por no dar de alta a los trabajadores por valor de 3,38 millones de euros.
La actividad inspectora en el 2020 obligó a revisar 3.770 contratos en la provincia, de los que 1.209 se debían a que figuraban como temporales y debían ser indefinidos. De estos, 678 eran de hombres y 531 de mujeres. Y todo a pesar de las circunstancias especiales a las que obligó la crisis del covid-19, cuando, como reconoce la Inspección, se vio modificada la actividad normal y hubo una menor actuación de este organismo estatal.
El informe anual refleja que la Inspección de Trabajo llevó a cabo durante el 2020 un total de 14.588 actuaciones en las distintas materias de su competencia en Córdoba, imponiendo sanciones por valor de 2,49 millones y afectando a 3.696 trabajadores. Córdoba fue la segunda provincia andaluza, tras Jaén, en la que se llevaron menos actuaciones por la Inspección de Trabajo. En Andalucía se hicieron 166.007 intervenciones e impuso sanciones por 43,2 millones tras verse afectados 72.624 trabajadores. Málaga y Almería se encuentran a la cabeza, con sanciones por valor de 10,6 millones y 7,9 millones, respectivamente, seguida de Sevilla, con multas por 7,6 millones. Córdoba es la penúltima provincia en sanciones económicas. Solo en Jaén se pusieron menos (1,78 millones de euros).
Balance de la Junta
El informe de la Consejería de Empleo, actualizado con datos hasta septiembre del 2021, refleja que en Córdoba se han registrado 215 sanciones en los primeros nueve meses en materia laboral, aplicándose sanciones por valor de 390.347 euros. El mayor número fueron de carácter grave (208 y 332.092 euros de multa), aunque también hubo 7 muy graves (59.255 euros).
Asimismo, hay que contabilizar 106 sanciones por incumplimiento de las medidas para la prevención de riesgos laborales, ascendiendo las sanciones a 226.4006 hasta septiembre. Todas ellas fueron de carácter grave.
Lejos de lo que pudiera pensarse, la Consejería de Empleo registró durante todo el 2020, pese a la pandemia del covid-19, el mayor número de sanciones de la serie iniciada en el 2012, con un total de 334, superando las 281 del 2019. Las multas ascendieron en Córdoba a 462.750 euros. De todas ellas, 325 fueron graves y 8 muy graves. La mayor partes fueron por incumplimiento de la normativa de relaciones laborales (238), mientras que hubo 96 relacionadas con la prevención de riesgos laborales por parte de las empresas cordobesas. En Andalucía, en los primeros nueve meses se contabilizaron 3.106 sanciones, por un importe total de 7,89 millones. De ellas, 1.652 correspondieron a incumplimientos de la relaciones laborales, mientras que 1.483 afectaron a la prevención de riesgos.
BALANCE NACIONAL
Hostelería, a la cabeza de sanciones
El informe anual de la Inspección de Trabajo recoge que en materia de Seguridad Social se registraron en el 2020 un total de 28.935 infracciones en España, que se saldaron con sanciones propuestas por valor de 116,42 millones de euros. El sector servicios es con gran diferencia la actividad económica en la que se produce un mayor número de incidencias recogidas en actas, destacando el caso de la hostelería, que solo en el 2020 contabilizó 8.009 sanciones y recibió la comunicación de multas por 32,23 millones de euros. Tras la hostelería destaca el comercio, con 3.825 infracciones y 14,41 millones de euros de sanciones, y los servicios profesionales, con 3.296 irregularidades descubiertas y multas de 15,66 millones. El cuarto lugar en servicios fue el transporte (957 infracciones recogidas en actas y 3,5 millones de euros). También destacan las infracciones cometidas por la Administración pública, que fueron 675 (1,8 millones). Tras servicios, el segundo sector con más incumplimientos de la normativa fue la construcción, con 2.839 infracciones y penalizaciones de 12,15 millones de euros.
El tercer sector económico con más irregularidades es la agricultura, con 2.513 infracciones y 7,46 millones de euros, mientras que la industria registró 2.160 y multas por 10,97 millones.
Empleo aflorado
La Inspección de Trabajo consiguió aflorar durante el año 2020 un total de 60.951 empleos, lo que supone una reducción del 51% respecto al 2019. Asimismo, pese a haber un menor número de actuaciones por el covid-19, durante el año 2020 se procedió a regularizar 9.907 falsos autónomos en España y 1.859 falsos becarios.
Otras actuaciones en las que ha prestado especial atención la Inspección de Trabajo ha sido el control de la contratación de los trabajadores extranjeros. En las 1.328 actuaciones que llevó a cabo en el 2020 para detectar el cumplimiento de la normativa en la contratación de trabajadores de otros países por cuenta propia, practicó 209 actas de infracción y hubo sanciones por 109.200 euros. Respecto a las actuaciones para comprobar la contratación de trabajadores por cuenta ajena, las 10.375 actuaciones realizadas condujeron a 4.040 actas de infracción levantadas, con propuestas de sanción por importe de 39,31 millones de euros. El comercio, con 1.340 infracciones, fue el sector con más incumplimientos en extranjería.
