Las exhumaciones de fosas de represaliados del franquismo en la capital cordobesa cuentan, de momento, con 182.000 euros. Esta cantidad es la que aportarán, por un lado, el Gobierno de España --que esta mañana mismo aprobó en su Consejo de Ministros una partida de 125.000 euros-- y, por otro, la Diputación, que la semana próxima aprobará en pleno su presupuesto con una asignación de 57.000 euros para 2022 (la previsión de la institución provincial es dejar cerrado el convenio para aportar en los próximos cuatro años 400.000 euros para exhumaciones). De momento, solo estas dos administraciones tienen cerradas ya las partidas económicas comprometidas para materializar el protocolo firmado en diciembre del 2020 por las cuatro instituciones. Ni el Ayuntamiento de Córdoba ni la Junta de Andalucía han podido hacerlo porque ambas entidades están pendientes de aprobar sus propios presupuestos, algo que en el caso andaluz se presenta difícil por el escenario político actual. No obstante, en el caso de la Junta, si no se aprueba sus cuentas, se prorrogará la partida de este año, que asciende a 125.000 euros y depende de la Consejería de Cultura.
Las cuatro administraciones firmantes del famoso protocolo para las exhumaciones en Córdoba --que se han visto alentadas por las conclusiones del último estudio realizado en el cementerio de La Salud-- se habían comprometido en su último encuentro en hacer los deberes en materia económica antes de que finalizara el año 2021.
La celebración ayer del Foro Gobiernos locales y autonómicos y memoria democrática en la Diputación permitió la visita a Córdoba del director general de Memoria Democrática, Diego Blázquez, que fue quien anunció la aprobación, por parte del Consejo de Ministros, de una aportación de 125.000 euros a las exhumaciones de fosas. Por rizar el rizo, el anuncio lo hizo Blázquez en la entrega de los premios Plaza de la Constitución, que entre otras distinguió a Antonio Deza, presidente de la asociación memorialista Dejadnos Llorar.
La primera aportación del Gobierno central se hará a modo de subvención directa al Ayuntamiento de Córdoba --el resto de administraciones sí firmarán convenios económicos específicos--, mientras que el resto de la cuantía, 275.000 euros, será incluida en los Presupuestos Generales del Estado del 2022. En principio, la colaboración está pensada para los próximos cuatro años, para hacer «un abordaje integral» y «de manera rigurosa» de los trabajos para la recuperación e identificación del mayor número de víctimas del franquismo.
La Diputación, dispuesta a subir del carro
Por su parte, Antonio Ruiz puso ayer a disposición de esta causa a la Diputación para que sea la administración que «tire del carro, como ya hizo con la firma del protocolo». El presidente explicó que en el pleno provincial de la próxima semana se aprobarán los presupuestos para el 2022 y el convenio para la exhumación de las fosas, que compromete una partida de 400.000 euros en cuatro anualidades. Ruiz dijo estar «firmemente convencido de seguir ese camino con las instituciones que quieran» y que irán actuando con quienes «tengan igual de claro que esta es una cuestión necesaria y prioritaria para el avance democrático».
El diputado de Memoria Democrática de la Diputación, Ramón Hernández, explicó que en Córdoba siguen existiendo 80 fosas con represaliados por el franquismo y en estos momentos se acaba de intervenir en Córdoba capital en el cementerio de La Salud; en Hinojosa del Duque, en una fosa donde pueden haber 150 personas; y se están haciendo estudios de georradar en Puente Genil y en Monturque.
