Las personas con discapacidad disponen ya de una nueva legislación que vela por su voluntad y capacidad de decidir. Esta ley ha sido abordada en las Jornadas del Foro Andaluz de Bienestar Mental que se ha celebrado este jueves en la sede de la Diputación de Córdoba. Un encuentro en el que juristas, fiscales, notarios, asociaciones de discapacidad y profesionales del Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS) han podido conocer todos los matices de esta nueva norma que aporta más derechos a las personas con discapacidad.
El presidente del IPBS, Francisco Ángel Sánchez, ha apuntado en la inauguración de las jornadas que “este espacio de debate se presenta como una oportunidad clave para profundizar, a través de las ponencias de los profesionales y el debate con los protagonistas, en una cuestión tan importante como la capacidad jurídica de las personas que debe involucrarnos a todos y todas”, ha apuntado Sánchez.
En la presentación han estado presentes la fiscal de Sala Coordinadora para la protección de Personas con Discapacidad y Mayores del Tribunal Supremo, María José Segarra y el presidente del Foro Andaluz del Bienestar Mental, Isidoro Cubero. Profesionales como el fiscal de la Audiencia Provincial de Córdoba, Fernando Santos, o el notario y director de la sección Social y Económica de la Fundación Aequitas del Consejo General del Notariado de España, Federico Cabello de Alba, también han tenido la oportunidad de aportar su conocimiento en la primera de las ponencias.
En esta primera parte, más técnica y jurídica, Segarra ha explicado que "esta nueva legislación supone un cambio de mirada que nos concierne a todos como sociedad". Tal como ha apuntado, "este cambio radica en reconocer a las personas con discapacidad intelectual los mismos derechos y la misma dignidad, que les permita ejercer con autonomía y expresar sus deseos y sus vivencias, con el convencimiento de que todos somos iguales".
La segunda parte del encuentro es una ponencia más humanitaria que tiene como protagonista a Juan Gutiérrez, un joven con Asperger que está a punto de terminar sus estudios de Veterinaria y que ha puesto el acento en la capacidad de estas personas para alcanzar sus objetivos si cuentan con el apoyo adecuado.
Isidoro Cubero ha insistido en que la sociedad tiene que cambiar su mentalidad con respecto a las posibilidades de las personas con discapacidad intelectual. "Hemos avanzado muchísimo en derechos pero todavía queda un largo camino que recorrer", ha subrayado.
La nueva ley
Con la nueva legislación en apoyo a las personas con discapacidad desaparecen los términos "incapacidad" o "tutela" y entran en vigor nuevos conceptos. En la anterior ley "lo primero que se planteaban los juzgados era la incapacitación" y ahora es todo lo contrario, la incapacitación es lo último que se plantea. En la incapacitación a las personas se le sustituye la voluntad, nombrando a un tutor que actúa en su nombre ante cualquier toma de decisión. Ahora es la propia persona la que actúa, con apoyo necesario en el caso que lo necesite. Esa es la principal diferencia, según ha detallado el presidente del Foro Andaluz del Bienestar Mental.
María José Segarra ha explicado que antes de este cambio de legislación prevalecían los intereses de la persona, aunque esta no estuviera a favor, y que ahora vale más su voluntad. Además, otra de las novedades es que las personas con discapacidad o trastornos mentales podrán dejar recogido como quieren que se actúe cuando ellos no puedan tomar decisiones y quién quiere que actúe por ellos y ese documento siempre será lo que reine ante cualquier situación. Cuando esta declaración sea insuficiente deben prevalecer los principios de necesidad y voluntad y no el interés. "Se hace, no lo que sea mejor para el usuario, sino lo que el querrían que se hiciera".
Con este cambio se dota de derechos a las personas vulnerables, empoderando al colectivo y "sirviendo de rampa para la discapacidad intelectual", señala Segarra. En definitiva, se da apoyo pero no se quita la autonomía. "Esta revolución es importante para acabar con el paternalismo que no deja avanzar a las personas discapacitadas", ha matizado la fiscal.
En las jornadas han explicado, además, el papel de cada profesional en la toma de decisiones y cuando debe actuar la fiscalía y la notaría. Expertos en derecho, asociaciones de discapacidad y profesionales del IPBS como trabajadores sociales, educadores y psicólogos, han podido despejar sus dudas acerca de esta nueva legislación, sabiendo como actuar en favor de sus usuarios.
