El delegado del Gobierno, Antonio Repullo, se ha reunido este jueves con el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu. Durante el encuentro, han abordado cuestiones que atañen a ambas instituciones y Maeztu ha trasladado a Repullo las principales quejas y los problemas más importantes de la provincia que recoge el Informe Anual 2020 del Defensor. Maeztu ha destacado la buena relación de su oficina con la Administración autonómica en esta provincia, donde el Defensor tramita este año 1.000 expedientes, destacando entre ellos los relativos a personal público.

Así y en rueda de prensa junto a Repullo, el Defensor del Pueblo Andaluz ha explicado que en lo que va de 2021 su oficina ha iniciado un millar de actuaciones motivadas por quejas y consultas de los cordobeses, entre las que destacan las relacionadas con el personal del sector público, la infancia y adolescencia, los servicios sociales, la salud, el medio ambiente y la vivienda.

De igual forma, Maeztu se ha interesado por los problemas relacionados con cortes de luz y, en general, por la situación energética, en relación al impacto que el incremento de los precios puede tener para los hogares y, muy particularmente, para las familias más modestas y las personas en situación de pobreza energética.

En este sentido, la institución andaluza está reclamando la necesidad y la urgencia de aprobar "medidas efectivas destinadas a minorar la repercusión de esta subida, agravada por una pandemia que castiga, aún más, a las personas vulnerables".

Junto a ello, Jesús Maeztu ha trasladado su "preocupación" por las consecuencias sociales y ambientales que pueden derivarse del proceso acelerado de implantación de instalaciones de energía renovables, como los huertos solares y parques eólicos, sin una "adecuada planificación previa". De hecho, el Defensor ha informado al delegado de la Junta de Andalucía en Córdoba de la actuación de oficio abierta por su oficina sobre la falta de planificación en el despliegue de energías renovables en Andalucía.

El miércoles 17 en Montoro y el jueves 18 en La Carlota

Por otro lado, Jesús Maeztu ha avanzado que un equipo de la Oficina de Información y Atención a la Ciudadanía (OIAC) de la institución se desplazará el próximo miércoles 17 a Montoro y el jueves 18 a La Carlota, en la provincia cordobesa, para la atención presencial a los vecinos de las comarcas de Valle Medio del Guadalquivir y del Alto Guadalquivir, donde además se mantendrán reuniones con las asociaciones y los equipos de trabajadores sociales.

Por último y tras una reunión con los delegados provinciales de cada área en Córdoba, el Defensor del Pueblo Andaluz, ha intervenido en la reunión que ha mantenido un equipo del servicio de mediación de la institución con entidades públicas que pudieran estar ofreciendo fórmulas adaptativas de solución de conflictos, de carácter extra o intrajudicial.

"Este es un gobierno que escucha, que es sensible con las legítimas aspiraciones ciudadanas"

Antonio Repullo - Delegado del Gobierno andaluz en Córdoba

Por su parte, el delegado del Ejecutivo autonómico en la provincia, Antonio Repullo, ha asegurado, en la rueda de prensa, que "este es un Gobierno que escucha, que es sensible con las legítimas aspiraciones ciudadanas, que cree verdaderamente y demuestra con hechos que cuenta con las personas a la hora de gestionar sus competencias”, ha asegurado.

El máximo representante de la Junta de Andalucía en Córdoba ha reconocido y agradecido a Jesús Maeztu el “enorme esfuerzo que todo su equipo está realizando a la hora de canalizar las demandas de los andaluces, sobre todo en un año como ha sido 2020, marcado por la pandemia del coronavirus que ha generado muchas dificultades a toda la sociedad, pero que especialmente se ha cebado con las personas más vulnerables”.

En este sentido, Repullo ha trasladado a Maeztu que también “nuestra principal preocupación este año ha sido luchar contra la pandemia, desde el punto de vista sanitario, económico y social, con ayudas a las personas, entidades y empresas afectadas por esta crisis”.

Las inversiones de la Junta de Andalucía en sanidad, dependencia y pensiones

Durante el encuentro, ambos responsables institucionales han abordado diferentes áreas como la sanitaria, en la que el delegado del Gobierno ha explicado al Defensor del Pueblo el trabajo en el refuerzo de personal sanitario y en cuanto a infraestructuras. El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha tomado conocimiento a lo largo de este año de la declaración de emergencia de diversos contratos de suministros y obras del SAS por un valor total de más de 43 millones de euros, realizados para hacer frente a la asistencia sanitaria por la pandemia del covid-19 en la provincia de Córdoba. Respecto a las inversiones para centros de salud, en los presupuestos para 2022 se destina un montante superior a los 18 millones de euros para inversiones en infraestructuras.

En materia de dependencia, el delegado ha explicado que “trabajamos para agilizar y mejorar todos aquellos procedimientos y ayudas que contribuyan a ayudar a las personas que peor lo están pasando, con medidas como la Renta Mínima de inserción social o el servicio de Dependencia”. Durante este año, se han tramitado 4.386 expedientes de Renta Mínima en la provincia de Córdoba, de los que 504 son concesiones de la prestación a unidades familiares con menores. Igualmente se han aprobado 1.401 prestaciones en trámite inicial, que dan cobertura a 2.909 personas, y se han concedido 263 ampliaciones del derecho. El montante económico de gasto en la provincia en lo que va de año asciende a 6,68 millones.

Hay 26.860 dependientes atendidos en Andalucía

En cuanto a atención a la dependencia, en la provincia de Córdoba hay 26.860 personas atendidas que reciben un total de 38.183 prestaciones lo que supone 2.526 personas más atendidas que en diciembre de 2020, con un incremento del 10,38%. Desde el inicio de la legislatura en 2019 hasta el momento actual, se han creado en la provincia de Córdoba un total de 159 nuevas plazas en residencias y centros de día para la atención de personas mayores y personas con discapacidad.

En cuanto a pensiones no contributivas, hay en la provincia un total de 8.494 personas perceptoras y la inversión total en lo que va de año asciende a 46,2 millones. A ello se añade un pago extraordinario e independiente que aprueba el Consejo de Gobierno a cargo del Presupuesto de la Junta de Andalucía y que se ha traducido para la provincia en 1.36 millones en este 2021 y que alcanza a 8.738 beneficiarios.