El Ayuntamiento de Córdoba deberá adaptar la ordenanza fiscal que afecta al impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, más conocido como plusvalías, en los próximos 6 meses para adaptarlo y adecuarlo al Real Decreto Ley número 26/2021 publicado en el BOE y que reforma dicho impuesto municipal. La disposición transitoria de la norma, aprobada por el Consejo de Ministros del lunes, es una fórmula para salvar la sentencia del Tribunal Constitucional que tumbaba este impuesto al declarar nulo el sistema de cálculo de la base imponible del impuesto de plusvalía municipal que ha estado funcionando hasta ahora.
Desde la sentencia hasta la entrada en vigor del nuevo marco legal han transcurrido 15 días de vacío legal, pero ahora los ayuntamientos tienen que ponerse a trabajar para, por un lado, adaptar la ordenanza fiscal, y por otro lado, elaborar sus presupuestos para el 2022 con una estimación de lo que se recaudará con la nueva fórmula arbitrada por el Ministerio de Hacienda y que dejará al contribuyente la posibilidad de elegir entre la fórmula de pago que más se ajuste a sus intereses. Hasta la fecha, el impuesto de plusvalías dejaba en las arcas municipales unos 15 millones al año.
El alcalde de Córdoba, José María Bellido, se refirió de nuevo a este asunto para reconocer que la solución brindada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez llega tarde (de 2017 es la primera sentencia contra la plusvalía), pero al menos aporta «seguridad jurídica tanto a los ayuntamientos como a los contribuyentes». No obstante, el regidor indicó, en sintonía con las declaraciones del teniente alcalde de Hacienda, Salvador Fuentes, del lunes, que «el BOE todavía está caliente» y que el gobierno local tiene que hacer una lectura más pausada de la norma para valorarla en su justo término. De hecho, no son pocas las voces que han advertido de las dudas legales que hay en torno al impuesto.
En todo caso, Bellido volvió a reivindicar la eliminación prácticamente total (se bonificará al 95%) de las plusvalías mortis causa, herencias, que ha aprobado su equipo de gobierno con el apoyo de Vox. «Era la parte más injusta», dijo ayer. «Siempre hemos defendido y lo teníamos en el programa, que era eliminar hasta el 95% el pago de plusvalías en caso de herencias de viviendas entre familiares», y que también afecta al traspaso de locales de un negocio que se mantiene activo.
La intención de PP y Cs era aprobar los presupuestos municipales a principios de año y, de momento, no creen que estos días de vacío legal supongan un retraso significativo en su confección. «Estas dos semanas se han perdido, porque era imposible presupuestar sin saber los ingresos que íbamos a tener, pero en unos días o en unas horas podrá haber un estudio», aseguró.
Ambrosio le pide que no sea la excusa
Precisamente, la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Isabel Ambrosio, se mostró preocupada por un posible retraso de las cuentas y dijo que le valdrá la excusa de las plusvalías. «Han sido 10 días de incertidumbre porque estamos hablando de un impuesto que repercute de manera importante en la capacidad de generar ingresos de un ayuntamiento, pero ya esa incertidumbre se ha despejado. Ya se sabe cuál es la solución propuesta por el Gobierno de España, a través del Ministerio de Hacienda, que sí trabaja y que sí gestiona con celeridad», dijo.
«En un plazo de tiempo muy corto se ha dado solución a un asunto que generaba incertidumbre en todas las administraciones locales. Se ha resuelto en dos semanas para garantizar la capacidad de generar ingresos de los ayuntamientos y para regular la distribución del mercado inmobiliario y esa distorsión que se podía crear respecto a las valoraciones», explica la portavoz.
Para el PSOE, es una muestra más de que el Gobierno de la Nación cumple sus compromisos y es sensible con la financiación local. «Ha garantizado que se pueda seguir cobrando el impuesto, por lo que esa rajadura de vestiduras que hemos visto estos últimos días de Fuentes y Bellido no tiene ningún sentido. Sobre todo cuando ellos han renunciado a ingresar 5 millones de euros por haber bonificado hasta el máximo el concepto de plusvalía por mortis causa. Reclaman una cosa y practican totalmente la contraria», denuncian los socialistas.
