Al menos tres personas han solicitado la eutanasia en Córdoba, mientras que a nivel andaluz son diez los casos de pacientes que solicitan la ayuda a morir. La directora de la Asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD), Isabel Torres, manifiesta que «en concreto, dos personas ya lo tenían solicitado previamente a la creación de la comisión de garantía en Andalucía y las solicitudes estaban ratificadas por su médico de referencia o médico de familia; el siguiente paso es el médico consultor y, una vez pase ese proceso, pasa a la comisión de garantía y evaluación», subraya Torres.
Andalucía era, hasta ahora, la única comunidad que no había aprobado dicha comisión, necesaria para la puesta en marcha de la ley de eutanasia, a pesar de haberse aprobado la ley el 25 de marzo de este mismo año en el Congreso. La razón del retraso, según explicaron hace unas semanas desde la Consejería de Salud, es que querían que fuera una ley «muy garantista».
Comisión de garantía
«La comisión estará formada por 13 personas, pero ahora mismo, a pesar de haberse ha creado oficialmente por decreto, no existen nombramientos como tal. En unos días, según el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), debería estar, ya que eran 15 los días establecidos», explica Gabriel Sánchez Bellón, de la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD).
Solicitud de la eutanasia
Pero el proceso para solicitar la eutanasia es bastante complejo y los requisitos que deben cumplir antes de realizar la petición al respectivo médico de referencia son la mayoría de edad, padecer una enfermedad grave e incurable o padecer una enfermedad grave, crónica e invalidante en los términos establecidos en la propia ley. Por otro lado, la eutanasia sigue siendo una cuestión social muy compleja, más aún en el papel de los médicos y enfermeros, ya que la objeción de conciencia tendrá especial importancia a la hora de tramitar las solicitudes de aplicación de la eutanasia.
El proceso para solicitar la eutanasia es bastante complejo y aborda una cuestión social delicada
Fuentes del Consejo Andaluz de Enfermería aseguran que «el registro para saber cuántos médicos y enfermeros han objetado en contra de la eutanasia tras la aprobación de la comisión es un registro único que depende de la Consejería de Salud». «Este registro recoge tanto al personal sanitario que trabaja en un hospital público como el que trabaja en uno privado», concluyen.
La objeción de conciencia
«El registro es totalmente anónimo y discreto. Tendrá en cuenta solamente a personal sanitario, tanto médicos como enfermeros, implicado en la posible prestación de la ayuda a morir», aclara Bellón. «Los órganos directivos de distintos colegios han actuado totalmente en contra. Teniendo en cuenta como precedente la única ley orgánica en la que se establece la objeción de conciencia, que es la ley del aborto, hemos asistido a que muchas mujeres de algunas comunidades tienen complicaciones a la hora de abortar en la sanidad pública y en consecuencia se las deriva a clínicas privadas. Puede que con el tema de la eutanasia pase lo mismo. Tendremos que esperar porque aún está paralizado, pero ese es el único precedente», dice Bellón.
Bellón señala además que «la medicina privada podrá incluirlo en la cartera de servicios o no», pero «tampoco se podría asegurar que vaya a tratarse en los hospitales públicos hasta que se sepa cuántos son los objetores en relación a esta ley».
De momento, se desconoce cuántos médicos y enfermeros se han acogido a la objeción de conciencia. Salud, que centralizará esos datos, ha asegurado a este periódico que, de momento, no ofrecerá esa información por salvaguardar la confidencialidad. Las fuentes de Salud consultadas insisten en que cumplirá la ley pero no ofrecerá detalles de su aplicación.
