El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha informado esta mañana de que el Ayuntamiento sigue trabajando en los Presupuestos Municipales con el fin de igualar ingresos con gastos después de la anunciada supresión del cobro del impuesto de plusvalía, en aplicación de una sentencia del Tribunal Constitucional. "Estamos pendientes de ver si hay una solución en el corto plazo como ha dicho el Gobierno de la nación y si no, pasado un tiempo prudencial, tendremos que ajustar el presupuesto a los ingresos que vamos a tener sin contar con esos ingresos de plusvalía", señaló.
Bellido ha explicado que están esperando unos días porque "el Gobierno de España dijo que habría una solución inminente a la situación provocada por la anulación del impuesto, a través de una compensación de fondos o de otro mecanismo".
En cualquier caso, el alcalde ha asegurado que los impuestos "no se subirán porque la solución de este problema no pasa por seguir apretando al ciudadano vía otros impuestos, no está en las políticas mías ni del PP y en ningún caso será esa la salida a esta situación".
El Ayuntamiento estimó, tras conocerse la declaración de inconstitucionalidad y nulidad del impuesto de plusvalías municipal por el alejamiento del impuesto de sus valores de referencia del mercado inmobiliario, que la supresión de esta tasa supondría una reducción de los ingresos del Consistorio de unos 15 millones de euros, la cantidad que normalmente se ingresa por esta vía.
La Federación Española de Municipios y Provincias (Femp) solicitó la semana pasada al Gobierno de España la dotación de un fondo de compensación para los ayuntamientos y la aprobación urgente de una norma legal que reforme el impuesto de plusvalía para garantizar la seguridad jurídica y la recaudación para las haciendas locales.
Por su parte, el Ministerio de Hacienda y Función Pública ha informado hoy de que está trabajando para intentar llevar al Consejo de Ministros del próximo lunes la modificación del impuesto, una modificación que previsiblemente se materializará en un real decreto y que pretende adaptar el impuesto a la sentencia del Constitucional, que ha anulado varios puntos de su normativa.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya avanzó esta semana que llevaría al Consejo de Ministros «un texto legal para corregir elementos que se hubieran declarado inconstitucionales» con el objetivo de dar «tranquilidad y seguridad» a los contribuyentes y garantizar la financiación de las entidades locales, que son las que reciben los recursos de este impuesto.
