Cuatro meses de confinamiento por la pandemia del coronavirus obligaron a suspender 2.000 juicios en Córdoba. Recuperar el ritmo normal sin contar con refuerzos es todo un reto que, según el presidente de la Audiencia Provincial, Francisco Sánchez Zamorano, se está consiguiendo aunque está provocando una sobrecarga importante de trabajo en casi todas las secciones. «Hemos recuperado cierta normalidad en el funcionamiento de los órganos judiciales, con la rémora del retraso estructural, agudizado por los meses de paralización que provocó el estado de alarma y que seguimos arrastrando porque ese freno obligó a reestructurar toda la agenda de señalamientos», explicó el magistrado.
Además, la avalancha de asuntos civiles como impagos, reclamaciones, desahucios que se esperaba que se produciría a raíz de esta crisis «ha llegado», asegura, «lo que ha aumentado la carga de trabajo que soporta esta sección de la Audiencia Provincial, un 50% más de lo que el CGPJ considera razonable pese a contar con cinco magistrados titulares». Para Sánchez Zamorano, «urge la creación de una plaza más de Civil, o dos», apostilla, ya que aunque los jueces son muy resolutivos no se puede estar siempre trabajando en situación de excepcionalidad». De momento, no hay perspectiva de que esa plaza se vaya a dotar.
Puntos negros, en la provincia
En materia civil, los puntos negros se están produciendo en la provincia, en concreto, en los juzgados de Montoro y alguno de Posadas, «el resto está funcionando bien dentro de la escasez de funcionarios y pese a a que algunos están a cargo de jueces sustitutos, que están trabajando bien aunque no es la situación ideal».
Aunque el ritmo de trabajo de los órganos judiciales es superior en muchos casos al que había antes de la pandemia, en las secciones penales de la Audiencia Provincial de Córdoba «el tiempo medio para el señalamiento de juicios, que era de cinco o seis meses, se ha duplicado y ahora es de nueve o diez», detalla. Y eso que esperaban que el volumen de asuntos penales se hubiera reducido por la menor actividad en la calle durante los últimos meses. Según el magistrado, «intentamos achicar el tiempo de respuesta en la medida de lo posible, pero los asuntos en justicia hay que verlos meditarlos, reposarlos y deliberarlos si el tribunal es colegiado, y eso se puede acelerar hasta cierto punto». En este sentido, Zamorano insiste en que «la sobrecarga de los jueces no es buena y seguimos con una sobrecarga de trabajo muy grande porque no tenemos la estructura organizativa judicial adecuada, es totalmente obsoleta y no encaja en la realidad actual».
La estructura de partidos judiciales data de finales del siglo XIX y asigna un juez por cada partido judicial. Las reformas de finales de los años 60 del siglo pasado redujeron el número de partidos judiciales, aunque sigue sin dar respuesta a las necesidades actuales, de ahí que los jueces estén reclamando que se reordenen para reducir el número de partidos y reorganizar la dotación de funcionarios según las distintas especializaciones. «Sería una forma de racionalizar el trabajo y de aprovechar al máximo la dotación de personal con la que contamos», destaca Sánchez Zamorano, que afirma que, tras los dos intentos fallidos del 2011 y 2015, «el cambio está ya más cerca».
El CGPJ respalda el anteproyecto de ley de eficiencia organizativa
La situación de interinidad del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pendiente de renovación, no está teniendo un impacto en Córdoba, ya que el mandato del titular de la Audiencia Provincial, de libre designación, no ha caducado. Tampoco está influyendo en la actividad normal del Consejo, que esta semana ha revisado el anteproyecto de ley de eficiencia organizativa de la Justicia, elaborado por el Gobierno central, tras lo cual ha emitido un informe favorable, según ha explicado Francisco Sánchez Zamorano.
«Yo no he visto el anteproyecto, pero sí el informe del CGPJ y es muy positivo». Si sale adelante, esta ley permitirá la implantación de los llamados tribunales de Instancia, que sustituirán la actual estructura unipersonal de los juzgados por una organización colegiada. Según el presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba, «el sistema actual no se sostiene, es necesario agrupar a los jueces, reducir el número de partidos y optimizar los recursos humanos que tenemos».
El nuevo organigrama deberá ir acompañado de la creación de la oficina judicial, que permitirá «mayor movilidad de los funcionarios entre juzgados de la misma especialidad agrupados en una macrooficina». Bajo ese paraguas, «se notará menos la baja de un funcionario o el traslado de un juez, lo que racionalizará más el trabajo», afirma el presidente de la Audiencia, «lo de ahora son pequeños reinos de Taifas con un juez y compartimentos estancos que no tienen sentido».
