Este 2021 se cumplen diez años de la aprobación del sistema especial para empleadas de hogar en la Seguridad Social. Un décimo aniversario en el que hay poco que celebrar dado que, en este periodo, el objetivo de equiparar sus derechos laborales a los del resto de colectivos no se ha conseguido. Las demandas y los problemas del colectivo no son pocos. Algo que parece fundamental, como es el derecho a paro, todavía no existe. Pero el problema no se acaba aquí. El dinero que se genera dentro de las empleadas del hogar, en femenino, porque la mayoría son mujeres y en gran parte extranjeras, es uno de los que más contribuye a la economía sumergida.

Según los últimos datos de afiliación a la Seguridad Social, correspondientes a septiembre de este año, en la provincia había un total de 295.013 trabajadores en el sistema. La mayoría, hasta 182.663, pertenece al régimen general y el siguiente colectivo más numeroso es el de los trabajadores del campo, con 54.985 afiliados. Los autónomos suman 53.944 trabajadores dentro del sistema. El epígrafe que queda, el de empleadas de hogar, apenas se lleva un 1,2% de representación. Concretamente, en septiembre había 3.421 empleadas del hogar dadas de alta en el sistema especial para este colectivo de la Seguridad Social.

Ese porcentaje ha aumentado desde que se creara un sistema especial para estas trabajadoras, pero la subida tampoco ha sido especialmente destacada. En el mismo mes del 2011, la afiliación a la Seguridad Social en Córdoba alcanzaba a 285.562 personas, de las cuales, 2.057 eran empleadas de hogar, un 0,7%.

Una empleada del hogar, en una imagen de archivo. GUSTAVO SANTOS / FARO DE VIGO

Obviamente, ahora mismo en Córdoba hay más de 3.421 mujeres que trabajan limpiando casas ajenas, portales o que incluso pasan las 24 horas del día viviendo y trabajando para sus empleadores. ¿Cuántas son? Es imposible de saber, pero el secretario general de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT Córdoba (Fesmc), Juan Martínez, apunta que «decenas de miles», y sin titubear. «Es un sector que, históricamente, ha vivido en negro y sacarlo a lo legal cuesta», reconoce Martínez, que apunta hacia algo fundamental si se quieren hacer bien las cosas: la concienciación. Y es que, recuerda el sindicalista, detrás de estas trabajadoras no existen estructuras empresariales, sino particulares que precisan de estos servicios. «Se tiene que concienciar a la sociedad porque a la postre es bueno para todos», incide Martínez.

Pero el problema no existe únicamente para aquellas que no están dadas de alta, sino también para las que están dentro del sistema. A pesar de que cotice, este colectivo no tiene derecho a cobrar el paro. «España ha discriminado de forma clara y flagrante toda la vida a estas trabajadoras», denuncia Martínez, que explica que, por esto mismo, el país no puede si quiera formar parte de un convenio específico que tiene el colectivo reconocido por la Organización Internacional del Trabajo y del que participan más de 30 naciones.

Sueldos bajos

A estas carencias se suma el hecho de que cobran muy poco. En muchas ocasiones perciben un sueldo que está por debajo del salario mínimo interprofesional (SMI) y Martínez equipara su situación a la de trabajadores de la limpieza, ambos, reprocha, en una clara situación de «precariedad».

Por su parte, el secretario General del Sindicato del Hábitat de CCOO de Córdoba, Antonio Salazar, considera que el acuerdo al que se llegó hace diez años ya ha quedado «caduco», pero no ahora, sino poco después de aprobarse. Sí reconoce que ese acuerdo «tuvo su impacto» en un primer momento, pero también entiende que el sector lleva mucho tiempo «fuera de la realidad».

Salazar apunta otra cuestión importante en este asunto y es las condiciones o el lugar donde desarrollan su trabajo las empleadas de hogar. La Inspección de Trabajo puede ir a una fábrica o a una oficina, por poner un ejemplo, pero los centros de trabajo de estas trabajadoras son casas particulares, lo que dificulta y casi imposibilita que pueda recaer el peso de la ley sobre el contratante si existen irregularidades.

El sindicalista de CCOO explica que existen algunas aproximaciones al porcentaje de trabajo en negro que existe en la profesión y que podría superar el 30%. Pero el problema añadido es que, aunque estén dadas de altas, las condiciones laborales firmadas no se cumplen. Salazar comenta que hay casos «de todo tipo», como quien tiene un contrato legal de dos horas, pero echa diez, o quienes están internas en una casa sin que exista límite claro entre lo que es jornada laboral y lo que no lo es. Salazar cuenta que al sindicato llegó un caso durante la pandemia en el que una empleada de hogar, que trabajaba interna con una familia, no podía salir de la vivienda porque no se lo permitían.

Desde CCOO señalan una casuística que se repite a menudo y que impide que estas mujeres consigan sus plenos derechos laborales. Y es que se da el caso, y no en pocas ocasiones, en el que una trabajadora decide exigir a su empleador que le dé de alta para generar esos derechos y el empleador, directamente, la despide. «Esto pasa y automáticamente está en la calle», lamenta Salazar, que añade que en el momento en que se despide a una trabajadora tampoco existe mucho problema en encontrar a otra mujer que quiera hacer el trabajo aunque no esté dada de alta.

«Parece que estamos hablando de un país del tercer mundo», manifiesta el sindicalista, que deja claro, al igual que Martínez, que en la concienciación de la sociedad está la clave porque «lo lógico es que una persona tenga reconocidos sus derechos, si no tenemos eso claro, apaga y vámonos».