La ministra de Justicia, Pilar Llop, espera que "cuanto antes se proceda a la renovación" del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), dentro de la senda del "acuerdo de Estado" iniciada entre PSOE y PP, "para evitar que su bloqueo impacte negativamente en las vidas de la ciudadanía", tras la advertencia del Tribunal Supremo (TS) de que habrá mil sentencias menos al año si no se renueva dicho órgano.
En declaraciones a los periodistas en Córdoba antes de clausurar el 35º Congreso de la Unión Progresista de Fiscales Reencuentro Progresista, acompañada de la subdelegada del Gobierno en la provincia, Rafaela Valenzuela, y la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, Llop se ha mostrado "muy satisfecha de que haya sido posible que las fuerzas políticas mayoritarias hayan llegado a un acuerdo sobre las personas candidatas a ocupar puestos en órganos constitucionales".
Y es que, según ha subrayado, "se estaba sufriendo una situación de parálisis y bloqueo institucional en el Tribunal Constitucional, en el Tribunal de Cuentas y en el Defensor del Pueblo, que no se podía aguantar".
Sin embargo, considera que "este acuerdo de Estado, de las fuerzas políticas mayoritarias, debe trasladarse también al CGPJ", algo que cree que "es posible", después de que "hasta ahora es el PP el que ha estado bloqueando la posibilidad de acuerdo", ha apostillado.
Al respecto, la ministra ha manifestado que este viernes "el propio CGPJ ha hecho una publicación diciendo que no renovar el Consejo supone un retraso de más de mil sentencias al año". "Imaginad cómo impacta ésto en las vidas ordinarias de los ciudadanos", ha exclamado. Así, Llop ha lamentado que "los ciudadanos van a ver retrasos en la resolución de sus asuntos porque existe el bloqueo y el incumplimiento de la Constitución".
Por todo ello, ha pedido "estar a la altura de las circunstancias y que se pueda renovar el CGPJ cuanto antes", dado que "estamos en la senda de diálogo y reencuentro institucional de los grandes acuerdos de Estado que hay que llevar y hacer en el país", ha defendido.
La eficiencia de los juzgados en España
Por otro lado, Llop ha recordado que "las competencias en materia de recursos personales y materiales en el ámbito de la administración de justicia en Andalucía corresponden a la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía".
No obstante, ha aseverado que "se trabaja en un plan cogobernado con las comunidades autónomas, la Fiscalía General del Estado y el Consejo General del Poder Judicial, Justicia 2030, que se sustenta sobre tres leyes fundamentales, que son las leyes de eficiencia digital y procesal", así como "toda la normativa en materia de eficiencia que tiene que sustentar que los juzgados y tribunales se puedan descongestionar", ha resaltado.
Según ha expuesto, "esto a veces no se sabe si es una cuestión organizativa o si es realmente de falta de medios, porque hay un modelo judicial que está agotado, que responde a un sistema decimonónico en materia de justicia", por lo que "con el Plan Justicia 2030 se pretende modernizar y transformar la administración de justicia para que llegue a todos los ciudadanos y que sus asuntos se resuelvan en un tiempo prudencial", ha afirmado Llop.
Y sobre el congreso que ha clausurado, la ministra ha valorado "la puesta en valor de todo el trabajo que llevan haciendo los fiscales durante todo el último año". En este sentido, ha comentado que "se trata de un congreso de reencuentro progresista, de avances en materia de derechos humanos y derechos fundamentales, y poner en valor también todo el trabajo que se hace desde la Fiscalía en los juzgados y tribunales del país".
La inhabilitación del diputado Alberto Rodríguez
Además, la ministra fue cuestionada sobre el hecho de que todavía la Cámara Baja no haya tomado una decisión sobre la ejecución de la sentencia con pena de inhabilitación contra el diputado Alberto Rodríguez de Unidas Podemos que "se trata de una controversia jurídica que existe entre los servicios jurídicos de la Cámara y el Tribunal Supremo, que debe resolver la Presidencia de la Cámara Baja y lo hará con arreglo a la legalidad".
Preguntada por si la decisión será en breve tiempo, Llop ha manifestado que "el Ejecutivo ahí no tiene nada que hacer, ni que decir, porque se trata de una cuestión que corresponde al legislativo y el judicial".
Al respecto, el presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, ha remitido este viernes una carta a la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, en la que le responde que descarta cualquier error en la sentencia condenatoria del diputado Alberto Rodríguez, y en la que le señala que la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo es una pena accesoria "obligada".
En la misiva, enviada al Congreso a través del presidente del Supremo, Carlos Lesmes, Marchena apunta que esa obligatoriedad deriva del artículo 56.1.2 del Código Penal, y que se debe imponer cuando hay una pena privativa de libertad, "como ha sucedido en el presente caso".
Batet decidió este jueves solicitar al Tribunal Supremo que aclarara el alcance de la pena que impuso al diputado de Unidas Podemos. Lo hizo dos días después de que el PSOE y el grupo confederal, que suman mayoría en la Mesa de la Cámara, concluyeran el martes que esa condena no implicaba tener que dejar sin escaño al parlamentario canario.
