Partido Popular y Ciudadanos, las dos formaciones que sustentan el gobierno en Córdoba, se comprometieron a paralizar, si los informes jurídicos lo avalasen, los procesos de selección de personal convocados después del 8 de julio, fecha en la que entró en vigor el Real Decreto de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. El compromiso, adoptado en el último pleno, incluía la paralización de los procesos selectivos que afectasen a trabajadores temporales del Ayuntamiento de Córdoba “siempre que los informes necesarios para el expediente lo avalen”.
El concejal de Recursos Humanos, Bernardo Jordano, ha elevado hoy a la comisión de Recursos Humanos previa al pleno de octubre un primer informe que no avala dicha paralización y que está firmado por la subdirectora general de la Delegación de Recursos Humanos y Salud Laboral. El informe se pronuncia en sentido similar al expresado por el secretario general del Pleno, Valeriano Lavela, que advirtió de la "ilegalidad" que supondría adoptar esta medida. La oposición ha criticado la naturaleza de dicho informe al entender que no se trata de “un informe jurídico” sino de un informe de parte, como han hecho constar en la comisión.
Esta medida podría afectar a 4 procesos ahora en marcha: auxiliar de biblioteca, conservador zoo, TAG y economista, así como a los que están pendientes de su publicación en el BOE; así como otros pendientes de l26 plazas trabajador social, debe salir en BOJA y posteriormente BOE; 4 plazas de oficial maquinista, pendiente publicación BOE; 1 de auxiliar jardinero, pendiente BOE; 2 de ordenanza, 2 de oficial conductor y 18 de ayudante, todas pendientes de su publicación en el BOE.
Críticas del PSOE
El concejal del PSOE José Antonio Romero ha advertido del "escaso interés" del gobierno municipal por abordar la estabilización del personal interino del Ayuntamiento, un compromiso que se había adoptado en el anterior pleno. Esta afirmación se produce después de que Recursos Humanos haya presentado un informe que no avala la paralización del proceso. Sin embargo, ha incidido en que durante la Comisión Permanente de Recursos Humanos, Hacienda y Administración Pública se ha remitido un informe técnico sobre el contenido de este acuerdo.
Para los socialistas, con el informe técnico presentado por Recursos Humanos, que no es jurídico, el gobierno municipal “evidencia que no tiene ningún interés por cumplir con la moción, que supondría dar oportunidad a los trabajadores de consolidar su puesto de trabajo”.
Qué dice el informe
En su informe, la subdirectora general de la Delegación de Recursos Humanos y Salud Laboral, entiende que paralizar las ofertas de empleo ya aprobadas y publicadas con anterioridad a la entrada en vigor del citado Real Decreto ley 14/2021, (algo que no se acordó en la moción, ya que se hablaba de una fecha posterior al real decreto) “así como el desarrollo de éstas, que serían las correspondientes convocatorias que se están tramitando actualmente, constituiría una actuación material de la Administración, arbitraria y sin fundamento jurídico alguno, pues tal paralización, implicaría la inactividad de la Administración respecto de resoluciones y actos administrativos aprobados y publicados conforme a derecho, esto es, válidos y eficaces para el mundo del derecho y, además, podría infringir la obligatoriedad de los preceptuado en el art. 70.1 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público”.
Partiendo de lo anterior, dice el documento, la paralización propuesta en una ley que no ha sido aún aprobada no sería tampoco aplicable a estas ofertas previamente aprobadas y publicadas y a sus respectivas convocatorias en desarrollo.
En segundo lugar, el informe indica respecto a las vías y procedimientos legales que permitan valorar los méritos en el marco de los procesos selectivos de concurso-oposición, para acceder a las plazas que se vayan a convocar y que en la actualidad están cubiertas por personal temporal, indicar que “sería posible, haciendo uso de la habilitación legal prevista en el RD-Ley, la elaboración de otra OPE en 2021, Oferta de Empleo de Estabilización, que debería incluir todas aquellas plazas ocupadas temporalmente con anterioridad al 1 de enero de 2018, y que aún no hayan sido incluidas en ninguna de las OPES aprobadas y publicadas con anterioridad a la entrada en vigor de dicho RD- Ley”.
Asimismo, “esta nueva oferta de estabilización, deberá negociarse en Mesa General de Negociación, y se deberá aprobar y publicar con anterioridad al 31 de diciembre de 2021, debiendo contener el número de convocatorias y la planificación de las mismas, de manera que se pudieran cumplir los plazos previstos en el RD-Ley, de culminación de los procesos selectivos antes del 31 de diciembre de 2024 (salvo posible prórroga desde la entrada en vigor de la futura Ley que se está tramitando en el Congreso)”.
Aunque reconoce el informe que sería en el seno de la Mesa General de Negociación donde las partes odrán debatir los distintos aspectos de los procesos selectivos, resulta claro que “el sistema de selección deberá ser el concurso-oposición debiendo valorarse los méritos de los aspirantes en un porcentaje del 40% en la fase de concurso y del 60% en la fase de oposición”. Sin embargo, continúa diciendo, “hay que tener muy presente que, si bien se puede legalmente valorar como mérito mayoritariamente la experiencia, deben valorarse además otros méritos, de manera que éstos no resulten discriminatorios ni predeterminen el resultado, ni resulten injustificados o arbitrarios”.
