Hace ya 11 años, centenares de familias que vivían junto al río experimentaron unos de los momentos más difíciles de sus vidas. En el año 2010 la ciudad sufrió las últimas y mayores inundaciones que se recuerdan y la peor parte se la llevaron las parcelas construidas junto al río, en la zona del aeropuerto. Mucho se ha escrito sobre aquellos días. Las inundaciones llegaron dos veces en un mismo año. Primero en febrero, cuando hubo que desalojar a unas 800 familias de zonas como Majaneque, Encinarejo e incluso Las Quemadillas. Luego en diciembre, cuando se socorrió a medio millar de familias.
Las imágenes que llegan estos días desde La Palma tras la erupción del volcán hacen pensar en aquellos días en Córdoba. Siempre salvando las distancias y aplicándole perspectiva, y teniendo en cuenta, además, que muchos de los cordobeses que vivieron las inundaciones sí pudieron regresar a su casas. Para La Palma, el Gobierno central, por ejemplo, ya ha anunciado que destinará más de diez millones de euros para viviendas y ayudas a los afectados por el volcán. En el caso de Córdoba, las pérdidas fueron de contenido, es decir, se perdió todo lo que había dentro de las casas, pero las estructuras (en su mayoría) se mantuvieron en pie. Pero incluso en aquel momento se anunciaron una serie de ayudas por parte del Ejecutivo central. Es complicado obtener información sobre cuánto dinero destinó el Gobierno a estas familias. Se ha publicado que, de las ayudas anunciadas, llegaron a cobrarse un tercio. Sin embargo, este periódico ha intentado conocer el dato oficial y no ha sido posible.
Quienes vivieron aquello y lo perdieron todo coinciden en señalar que ayudas llegaron muy pocas y la mayoría tuvieron que ver con el auxilio temprano. Es decir, muchas familias tuvieron que ser realojadas en distintos espacios municipales porque no podían volver a sus casas. Las que se encontraban en peor situación eran las parcelaciones de Guadalvalle y La Altea, pegadas al río. De estas zonas son las históricas fotografías en las que solo pueden divisarse los tejados de las casas. Las edificaciones siguen aquí y aquí siguen las familias, y para comprobarlo basta dar una vuelta por los alrededores.
Francisco, que se terminó de construir la casa un año antes de que vinieran las riadas, cuenta que él sabe «de gente que ha cobrado 3.000 euros» de esas ayudas gubernamentales, pero es complicadísimo dar con algunos de ellos. Este vecino de Guadalvalle asegura que él no vio «un euro» de esas ayudas y, entre críticas políticas, apunta que el Ayuntamiento sí se puso las pilas, sobre todo para la limpieza del lodo que anegaba los accesos a las viviendas e incluso el interior de las propias casas. Aun así, cree que se hizo mucho más en las primeras riadas que en las segundas.
Enrique, que solo era un niño en el 2010, recuerda que el Ayuntamiento les pagó un hotel y más tarde un alquiler a él y a su familia. Este joven vive justo enfrente de Francisco, pero ya pegado al río. Señala continuamente hasta dónde llegó el agua y cómo rompió o dejó sin uso todo lo que había dentro de su casa.
Ni Francisco ni la familia de Enrique tenían seguro, a pesar de que esa posibilidad sí existía. Muchos se cuestionan si es posible asegurar un bien que puede ser ilegal o irregular, como es una parcela en esta zona. Sí se puede, afirman desde varias aseguradoras a este periódico, de la misma forma que se puede asegurar un coche sin la ITV en regla. Pero en las primeras riadas, las de febrero, «no tenía seguro nadie» y esto es un clamor popular en la zona. A partir de aquí, sí empezó a contratarse el seguro a la vista de lo que había pasado y de que habían perdido prácticamente todo sin posibilidad de cubrirlo con nada.
El Consorcio de Seguros
En estos casos de fenómenos externos adversos como inundaciones o erupciones volcánicas, quien se encarga de pagar es el Consorcio de Compensación de Seguros, pero el consorcio no paga si, obviamente, no hay seguro contratado previamente. Cuando alguien se hace un seguro para su casa, en lo que paga hay una parte que va a cubrir los daños de la vivienda y, de esa parte, se saca dinero que va al Consorcio de Compensación de Seguros. Y a pesar de ser el consorcio un organismo público, este no se hace cargo de los daños si previamente no se ha pagado un seguro privado.
Entre las dos inundaciones del 2010 en Córdoba, el Consorcio de Compensación de Seguros abonó más de 25 millones de euros, según los datos facilitados por este organismo a este periódico. Y a pesar de que los hechos más graves fueron los de febrero, cuando más dinero se abonó fue en diciembre.
Mientras en las primeras inundaciones el consorcio distribuyó poco más de nueve millones de euros, en el segundo se superaron, y mucho, los 16 millones. La razón, que en las primeras riadas casi nadie tenía seguro y para las segundas ya se había aprendido la lección.
Es el caso de Antonio Fresco, también residente en Guadalvalle, que no tenía seguro en la primera venida y le aconsejaron hacérselo por si volvía a ocurrir. Antonio perdió prácticamente todo en esas primeras inundaciones, pero cuando vinieron las segundas el Consorcio de Compensación de Seguros se hizo cargo y le pagó la cobertura de las pérdidas en unas dos semanas y sin tener ningún tipo de problema.
Pero nada tiene que ver lo que el consorcio paga con una posible ayuda pública que pueda venir desde las administraciones para hacer frente a las trágicas pérdidas. Julio Cortés, de La Altea y representante vecinal de la zona, afirma que sí se recibieron ayudas, pero que llegaron a los que no tenían seguro. Mientras el consorcio cubría los daños de quien tenía asegurada su vivienda, el Gobierno habilitaba subvenciones para quienes no podían acceder a ello. Sin embargo, y como ya se ha dicho, es muy difícil encontrar a alguien que cobrara esa ayuda.
Así actuó el Ayuntamiento
El presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de aquel entonces, Francisco Tejada, sí concreta que llegó dinero desde el Gobierno, pero directamente al Ayuntamiento para que este pudiera hacer frente a los gastos (ese año el Consistorio gastó 1,4 millones de euros por el descuadre en las cuentas que supusieron las inundaciones). Tejada también recuerda que la Gerencia llegó a montar tres oficinas, una en Majaneque, otra en el aeropuerto y otra en Alcolea, para facilitar a los vecinos la petición de las ayudas e incluso para ofrecer a los técnicos que valoraran los daños de cada una de las viviendas. Es decir, que las ayudas del Gobierno se llegaron a anunciar, lo que se desconoce es cómo terminaron por repartirse y si finalmente se llegó a destinar todo el dinero que se había comprometido. Hubo familias que incluso recurrieron a los tribunales para exigir lo que entendían era suyo.
El Ayuntamiento usó fondos propios, pero también habilitados desde el Gobierno y desde la Junta de Andalucía, para albergar a las familias desalojadas, darles de comer y vestirlas. Y también tuvo que proceder a la limpieza del barro que habían dejado en las barriadas estas inundaciones.
Lo que queda por hacer
Más allá de las compensaciones económicas que tuvieran los vecinos de estas parcelaciones para hacer frente a las pérdidas, el sentir popular también pide que se actúe para que algo así no vuelva a ocurrir. Pero lo cierto es que es complicado abordar un tema como este, y en el caso de que se haya planteado hacerlo, tampoco se ha ejecutado casi nada. Algunas de las casas que se vieron afectadas tienen por porche el mismo río y toda la zona está construida en una llanura de inundación del Guadalquivir.
A pesar de que estaba prohibido ocupar las viviendas que quedaron precintadas tras las riadas, después se fue abriendo la mano y todas las que pegan al río están ahora mismo ocupadas. Y los vecinos que llevan más años ahí han denunciado que incluso se están construyendo casas nuevas y que las que sí quedaron vacías de verdad se están usando para actividades ilícitas.
Algunos vecinos sí reconocen (poco) que están vendidos y que lo que ocurrió en el 2010 puede volver a ocurrir. También exigen responsabilidades a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), hubo incluso vecinos que se plantearon llevar al organismo ante los tribunales. Y es que muchos opinan que la apertura de los embalses fue el desencadenante de las inundaciones, pero no se puede olvidar que las lluvias persistentes llenaron esos embalses (en dos meses pasaron de un 20% a un 90%) y que había (y hay) casas en la misma orilla del río.
Las claves de lo que tuvo que pagar el Consorcio de Seguros
Las inundaciones vividas en Córdoba en el 2010 supusieron una serie de daños que fueron cubiertos por el Consorcio de Compensación de Seguros. Sumando lo pagado en febrero y en diciembre, esta situación extraordinaria supuso un desembolso de más de 25 millones de euros a los afectados. La mayor parte del dinero se destinó a daños en viviendas, fueron 4,6 millones de euros en febrero y 8,6 en diciembre de un total de nueve millones y 16,2, respectivamente. Los daños en las industrias fueron los siguientes que más dinero recibieron, 2,5 millones en febrero y 3,6 en diciembre. El Consorcio de Compensación de Seguros también abonó 1,7 millones en febrero para daños en comercios, 2,7 en diciembre y 126.000 y cerca de 300.000 (febrero y diciembre) por riesgos en vehículos.
