Los socios del Gobierno de la Junta de Andalucía, PP y Ciudadanos, dejaron ayer claro que la Comunidad Autónoma no aplicará la Ley de Vivienda anunciada por el Gobierno, centrando su rechazo en la posibilidad que habilita el pacto de PSOE y Unidas Podemos de limitar el precio de los alquileres en manos de grandes propietarios en zonas en los que los mercados estén tensionados y recargar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a las viviendas vacías.

La norma debe redactarse y pasar su tramitación parlamentaria, y no sería aplicable hasta el año 2024 (más información en la página 34), pero ayer desató una auténtica tormenta que en Andalucía inició la consejera del ramo, Marifrán Carazo, al asegurar que la Junta «no limitará los precios del alquiler» en Andalucía y protegerá a los propietarios de viviendas.

Desde la feria Fruit Attraction de Madrid, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, rechazó la ley anunciada, ya que cree que es «claramente intervencionista» y que repercutirá negativamente en el mercado: «Nosotros somos liberales y con el intervencionismo estamos reñidos». A su juicio, no es la solución al problema de la vivienda para los jóvenes y pidió al Gobierno que «reflexione» y que cuente con las comunidades para llegar a una solución, ya que tienen las competencias.

Defendió que esa fórmula ha fracasado en otros países de la Unión Europea, por lo que hay que buscar el método de que haya «mucha oferta» para conseguir bajar los precios del alquiler. Y dar garantías jurídicas y normativas para que los ciudadanos que tienen un piso vacío lo puedan alquilar «sin miedo a que se lo ocupen».

En sentido similar se pronunció el vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Juan Marín, para el que «no se va a aplicar» en Andalucía, tras considerarla como «muy intervencionista». Criticó que desde Ciudadanos se ha pedido «expresamente» el borrador de esta ley, «pero no la tenemos». Indicó también que «cualquier ayuda al alquiler» el partido naranja «la va a aplaudir», pero «lo que hay que hacer es construir viviendas sociales para que realmente los jóvenes puedan acceder a ese mercado porque a todos nos gusta tener nuestra casa».

Desde el PSOE, el alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, aplaudió una iniciativa que considera «imprescindible» y anunció que la analizará con el objetivo de aplicarla «si encaja con la realidad de la oferta de la vivienda» en la capital andaluza, aunque ha dejado claro que en Sevilla «no hay un porcentaje ni muchísimo menos alto de vivienda vacía». Por el contrario, Adelante Andalucía tildó de «parche y escasa» la futura norma, y dudó de que consiga regular los precios del mercado del alquiler y de la efectividad del bono de 250 euros mensuales para que los jóvenes se independicen.

Sin embargo, el delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, reprochó a la Junta que «le dé la espalda a los más jóvenes» para facilitar su acceso a la vivienda y la acusó de situarse «al lado de los bancos y de los fondos buitres».

En cuanto a los empresarios, el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, también criticó la futura ley al considerar que supone una «grave intromisión» al «derecho constitucional» a la propiedad privada. «Si cuaja y prospera la iniciativa, nos parece una intromisión grave al derecho constitucional a la propiedad privada», dijo en un audio remitido a los medios de comunicación por la CEA. En su opinión, la iniciativa acordada por el PSOE y Podemos hay que «contextualizarla» en una visión de pacto de gobierno para «desbloquear» los Presupuestos del 2022.