Las primeras reacciones en Córdoba al proyecto de Ley de Vivienda anunciado por el Gobierno de Sánchez no parecen muy favorables a las medidas propuestas. Los estamentos consultados consideran que no serán eficaces para potenciar el alquiler a precios asequibles y critican que se descargue la responsabilidad del acceso a la vivienda en los propietarios particulares.

Ayuntamiento

«No vamos a recargar el IBI a pisos vacíos»

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, descartó que el Ayuntamiento de Córdoba vaya a implantar un recargo de hasta el 150% en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a las viviendas vacías como propone la nueva ley. El Gobierno deja en manos de los municipios la aplicación de esta subida. También establece la reserva del 30% de todas las promociones para vivienda pública. En opinión de Bellido, «la solución a la falta de alquiler pasa por ofrecer incentivos fiscales, no por subir impuestos».

Constructores

«Una ley fallida por ineficiente »

Desde el sector de la construcción, el presidente de Construcor, Francisco Carmona, se mostró contrario al control del precio de los alquileres y criticó que el proyecto de ley haga recaer la responsabilidad en la iniciativa privada «interviniendo o restringiendo su capacidad de actuar cuando gran parte del problema tiene que ver con la ineficiente gestión que se ha hecho en los últimos años del suelo público, que podría haber servido para construir parques de viviendas de alquiler competitivo». Respecto al control de precios, «las estimaciones apuntan que las viviendas que podrían verse afectadas serían unas 150.000, lo que supone un 0,7% del total del parque residencial», detalló. «Estamos ante unas medidas de eficacia muy reducida circunscritas a ámbitos territoriales muy concretos como las grandes áreas metropolitanas, en las que el crecimiento de la población ha sido muy superior a la capacidad para construir nuevas viviendas», valoró. En su opinión, «el alza del precio del alquiler se debe a la ausencia de una oferta suficiente de este tipo de vivienda y a la desprotección de los propietarios a la hora de recuperar en un tiempo razonable los inmuebles en caso de impago, un riesgo que se traslada al precio del alquiler, incrementándolo o exigiendo un mayor nivel de solvencia a los arrendatarios». Carmona apunta otro hándicap de la ley y es que el diseño de los mecanismos de control (indicadores de referencia o definición de las llamadas áreas tensionadas) se hace recaer en los ayuntamientos en base a los criterios que definan las comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias en esta materia» y con las que no se ha contado. «Podemos estar ante una ley fallida por ineficiente antes de que nazca», sentenció. Respecto a Córdoba, considera que la norma no tendrá impacto en la provincia, ya que el ritmo de construcción de vivienda nueva se corresponde con el crecimiento de la población y la tasa vacante de viviendas usadas es suficiente para la demanda de compra y alquiler. En su opinión, las que no se alquilan es por su deficiente estado de conservación y de habitabilidad.

Asaicor

«El problema es la falta de parque público»

El sector inmobiliario hace un análisis parecido. El presidente de las inmobiliarias de Córdoba, José Vaquero, considera que regular el precio del alquiler es algo contraproducente, ya que haría a muchos propietarios «huir del mercado del alquiler». Considera además que «no se puede imponer un precio de renta sin conocer las circunstancias de los propietarios, la mayoría pequeños tenedores, y sin valorar  los elementos que diferencian una vivienda de otra, desde el estado de conservación al equipamiento o las reformas». En opinión de Vaquero, la ley «pretende valerse del mercado privado para paliar la falta de un parque público de VPO y vivienda social que dé respuesta a las familias vulnerables». Asimismo, señala que la ley pretende amparar a los inquilinos sin valorar los intereses de los propietarios «cuando debería buscar la equidad entre las partes». Respecto a las viviendas vacías, indica que hay una volumen importante de procedencia bancaria y fondos buitre, donde «quizás cabría legislar para que estos fondos destinen parte de esos inmuebles a vivienda social».

Catastro en Córdoba

4.180 propietarios de más de 10 pisos

Según recoge el informe estadístico de la Dirección General del Catastro, en Córdoba hay 4.180 propietarios de más de 10 pisos, número a partir del cual se considera «gran tenedor». Para ellos, la norma propone una bajada de la renta que cobran en base a «índices de referencia para zonas de mercado tensionado».

Anfane

«El bono de 250 euros será una ayuda más»

En cuanto al bono de 250 euros para facilitar el alquiler en jóvenes de 18 a 35 años con ingresos de menos de 23.725 euros, la Asociación de Familias Necesitadas cree que será «una ayuda más» si es que se aplica la norma en Andalucía aunque «dependerá mucho de los requisitos concretos que se pidan, el porcentaje que pueda cubrir y de si existe un control de los alquileres, ya que los que se firman en negro no se podrán acoger a ella». Para Anfane, «lo que habría que hacer es fomentar el empleo en lugar de las ayudas».