La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado este lunes el proyecto de expropiación forzosa del edificio de Caballerizas Reales al Ministerio de Defensa. Así lo ha informado el presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), Salvador Fuentes, que ha detallado que, a partir de hoy, se abre un periodo de un mes para que se presenten posibles alegaciones, y también habrá que notificar a Defensa el proyecto. De no haber alegaciones, ha avanzado Fuentes, el edificio de Caballerizas podría ser del Ayuntamiento en un mes.

Hasta llegar a este punto se han sucedido una serie de vicisitudes que han marcado a varios gobiernos municipales. La última polémica llegó con un informe de la Intervención, que sembraba serias dudas sobre la forma de proceder para hacer municipal el monumento. Ese informe tocaba varios puntos, como la cantidad que se destinaba a la operación (al final será de poco más de dos millones de euros), el hecho de que el Consejo Rector de la Gerencia la aprobara y que no fuera directamente la Junta de Gobierno Local o la supuesta ausencia de la conocida como causa expropiandi.

Es más, dicho informe supuso que toda la oposición votara en contra del proyecto de expropiación y que los partidos de gobierno, PP y Cs, tuvieran que aprobarlo solos y con el voto de calidad de Fuentes. Es por ello que el alcalde, José María Bellido, solicitó otro informe, en este caso a la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento, para que aclarara el asunto.

¿Y qué dice ese informe? Básicamente tumba todos los argumentos que en su documento apuntó la Intervención (cuya postura, en cualquier caso, no tenía carácter suspensivo). La Asesoría Jurídica expone en su informe que el Servicio de Patrimonio y Contratación de la GMU ya informó favorablemente sobre la expropiación, lo que es "más que suficiente" para llevarla a cabo. Además, apunta al acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento de Córdoba y Defensa para proceder de esta manera, añadiendo que hay dos servicios jurídicos implicados (el municipal y el del Estado) que también avalaron el proceso.

La Asesoría Jurídica Municipal dice que las opiniones emitidas por la Intervención son "respetables", pero también alude a lo que considera "errores de interpretación" en varias de las trabas alegadas en aquel informe. Sobre el valor del inmueble dice que no hay contradicciones, y manifiesta que si existía la cantidad de 6,5 millones de euros no tenía que ver con el valor del edificio, sino con la valoración económica total de las intervenciones que ha de acometer el Plan Especial Alcázar-Caballerizas.

Sobre las competencias de su aprobación, reconoce que es la Junta de Gobierno Local el órgano encargado de llevarla a cabo, más allá de que apunta que ha sido algo ya "subsanado" al tratarse de un requisito "meramente formal" que "en ningún caso supone la nulidad del procedimiento".

Y sobre la posible ausencia de causa expropiandi, la Asesoría Jurídica dice directamente que no entiende por qué se cuestiona este tema. Y es que, entiende la Asesoría, fue el propio Ministerio de Defensa el que, ante la falta de acuerdo con el precio, admite que el procedimiento de expropiación forzosa es la solución más adecuada.

Esto último vale a la Asesoría para determinar que se trata, por lo tanto, de un movimiento de carácter urbanístico, cuando Intervención decía que se dejaba de lado el carácter patrimonial.

"Esta Asesoría Jurídica nada tiene que objetar al expediente tramitado en la Gerencia Municipal de Urbanismo y al dictamen realizado por su Consejo Rector, considerando que no existe obstáculo legal alguno para que la Junta de Gobierno Local, si lo estima conveniente, proceda a la aprobación inicial del proyecto de expropiación forzosa por el sistema de tasación conjunta del inmueble denominado Caballerizas Reales AU2 PEPCH (finca registral no 8.201) de titularidad del Ministerio de Defensa", finaliza el informe.