Es muy posible que hasta los interesados en temas de memoria histórica estén perdidos ante las sucesivas noticias sobre protocolos que se firman y convenios que se suscriben para unas exhumaciones que nunca parecen llegar en la capital. En Córdoba, se firmó un importante compromiso el 11 de diciembre del 2020 para hacer realidad las exhumaciones con la firma de la entonces vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo; la consejera de Cultura, Patricia del Pozo; el presidente de la Diputación, Antonio Ruiz; y el alcalde de Córdoba, José María Bellido. Hasta mayo del 2021 no se constituyó la comisión técnica para echar a andar los trabajos presupuestados en un primer momento en 1,4 millones, y ha habido que esperar hasta septiembre para ver moverse la tierra.
El que se inició la semana pasada, a cargo de la empresa Aranzadi, es ya es el tercer sondeo que se hace en el cementerio de la Salud, donde se han buscado en distintas ubicaciones restos de represaliados. El sondeo encargado por Cecosam busca ahora en el cuadro de la Virgen de los Dolores, pero ya se hizo en el cuadro de San Ramón, donde se hallaron restos correspondientes a una veintena de personas represaliadas, que se exhumaron para la obtención de ADN; y en el cuadro de San Plácido, donde se localizaron restos pero no se exhumaron a la espera de contar con presupuesto.
Este último sondeo busca ahora confirmar o desechar que en ese cuadro hay una fosa común. Carmen Jiménez es la responsable del equipo investigador que trabajará durante un mes en el cementerio más antiguo de la ciudad, a la espera de que la tierra hable. La historiadora reconoce que «documentalmente no hay nada» para aseverar que pudiera haber allí otra fosa común, pero advierte de la existencia de testimonios orales que señalan esa posibilidad y el no menos desdeñable sentido común. Ambos, testimonios y sentido común, apuntan a que este cuadro, el de la Virgen de los Dolores, se usase también como enterramiento colectivo durante el estallido de la Guerra Civil, porque tanto a un lado (cuadro de Santa Bárbara, con enterramientos de militares de 1937) como a otro (el cuadro IV con sepulturas hasta 1936) se hicieron este tipo de enterramientos. «¿Qué ocurre ahí en esa zona? Estamos tratando de ver cómo se comporta el suelo del año 38 para atrás», explica la responsable de este estudio.
La elección de esta ubicación está también relacionada con el importe de adjudicación de los trabajos, apenas 18.000 euros (una partida que el Ayuntamiento recibió de la FEMP).
Los equipos multidisciplinares que llevan a cabo estos estudios (el que trabaja ahora en la capital está formado por una historiadora, un arqueólogo, un antropólogo, tres auxiliares y dos alumnos en prácticas de la Universidad de Córdoba) los afrontan exactamente igual que si intervinieran en una necrópolis islámica, es decir, comienzan a retirar tierra con una máquina, pero pronto el rebaje más fino empieza a hacerse de manera manual para no perder ni una pista. «Nos queda que la tierra hable, aunque no queremos levantar falsas expectativas a las familias porque no sabemos dónde están las fosas», reconoce Carmen Jiménez, que, pese a la prudencia, se muestra esperanzada de que en el mes que tienen por delante se confirmen sus sospechas.
«Nos queda que la tierra hable, aunque no queremos levantar falsas expectativas a las familias porque no sabemos dónde están las fosas», reconoce Carmen Jiménez
Si estos sondeos constatasen la existencia de un enterramiento colectivo, sería la tercera vez que esto ocurre en el cementerio de la Salud. Unas evidencias científicas a las que ya solo habría que poner voluntad política y presupuesto. Algo que los colectivos memorialistas, también los de Córdoba, echan en falta y por lo que precisamente esta semana han anunciado que se movilizarán el 13 de noviembre en Sevilla. Denuncian «la paralización y la involución que el actual Gobierno de la Junta de Andalucía está llevando a cabo en las políticas públicas de memoria histórica y democrática».
