La urbanización Cuevas de Altázar, ubicada en la zona de Villarrubia, reclama a la Gerencia de Urbanismo que el dinero entregado para su legalización revierta en la misma y denuncia que lleva ya cuatro años esperando que el más de un millón de euros pagado dé frutos allí.

El presidente del consejo rector de la urbanización, Juan Manuel León, recuerda que el 1 de marzo del 2017, hace más de cuatro años, sus representantes entregaron en la Gerencia Municipal de Urbanismo un talón por valor de 713.312 euros. A esa cantidad hay que sumar 343.904 que acordaron pagar a plazos. Esos 1.057.216 euros era el dinero que percibía Urbanismo en concepto del 10% del aprovechamento del suelo (al no poder entregar terreno para VPO como ocurre en cualquier plan parcial por estar prácticamente toda la superficie construida).

En aquel momento, y según recuerda, el entonces presidente de Urbanismo, Pedro García, informó de que ese dinero se destinaría al Parque de Levante, "cuestión que sentó muy mal en la urbanización y en el distrito de Villarrubia". Ya entonces los representantes de Cuevas de Altázar pidieron que ese millón de euros revirtiera en la zona "en patrimonio público de suelo y en políticas de viviendas en el entorno del sector que lo ha pagado".

Si en vez de dinero Urbanismo hubiera recibido suelo, añade, "tendría un terreno público de unos 40.000 metros cuadrados" y, como miembro de la urbanización, "tendría que hacer participar en las decisiones de la junta de compensación". Esos terrenos, agrega, servirían para construir viviendas públicas, jardines, escuelas o cualquier otro equipamiento y el Ayuntamiento debía colaborar en el adecentamiento de los solares y en el pago de los gastos de comunidad. La urbanización considera que si en vez de dinero hubiera entregado suelo, repercutiría "directamente en beneficio de todos los vecinos" de la misma y de su entorno.

La urbanización tiene claro que el espíritu de la normativa es que esa monitarización repercuta positivamente en la zona, hecho que, según aseguran sus representantes, no ha ocurrido. El presidente de su consejo rector afirma que llevan esperando cuatro años a que ese efecto beneficioso suceda pero "no vamos a esperar mucho más", ya que entienden que se está realizando "una mala administración de los recursos económicos hacia los vecinos y vecinas de Cuevas de Altázar y zonas adyacentes".

Cuevas de Altázar es la primera parcelación, procedente del PGOU de 1986, que, sobre el papel, ha logrado culminar el proceso de legalización, aunque aún tiene tareas pendientes del proyecto de urbanización. En estos momentos, y según explica León, la urbanización está en la fase de recaudar dinero para culminar totalmente el proceso ejecutando las obras de urbanización previstas. En este sentido, a los residentes de Cuevas de Altázar les falta aportar el aval del 7% y abonar el 2% del coste del valor de los materiales de las obras. La búsqueda de financiación es uno de los principales problemas que se presentan a los residentes en este tipo de urbanizaciones. "Ningún banco da dinero" y "tampoco puedes hipotecar tu parcela", lamenta.

León ya se ha reunido con el presidente de la Gerencia de Urbanismo, Salvador Fuentes, para plantearle estas demandas.

El consejo de distrito de Villarrubia pone condiciones a la Ley Lista

El consejo de distrito de Villarrubia plantea una serie de demandas de cara a la aprobación de la nueva ley urbanística, la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA). Una de sus demandas es flexibilizar la incorporación de parcelaciones al PGOU. En este sentido, considera que deben regularse de una forma flexible los plazos para la aprobación de los proyectos de reparcelación y urbanización, que, a su juicio, han de ser acortados. Además, considera que las obras de urbanización deberían ser las estrictamente necesarias y ejecutarse por fases, "pues la capacidad de ejecución va en función de la capacidad económica que tienen los propietarios de la urbanización". Otra de sus peticiones es que las exigencias de avales y pago de impuestos se establezcan con plazos, ya que "puede paralizar el avance de la urbanización durante años pues la imposibilidad de financiación hace que los propietarios deban realizar desembolsos importantes". Las cesiones de suelo han de ser también las "estrictamente necesarias". Acumular trámites es otra de sus peticiones.

El consejo de distrito considera que "no se pueden aplicar las mismas reglas a los sectores de suelo urbanizable promovidos por entidades para la venta profesional de viviendas que las destinadas a primera vivienda en supuesto de autoconstrucción de superficies ya construidas y ocupadas". A su juicio, los ayuntamientos han de tener oficinas técnicas que tutelen todo el proceso de legalización. Al no poderse tirar lo construido, piden una "exención de los estándares urbanísticos muy mínima". El consejo demanda, además, soluciones al "problema social por la asuencia de servicios básicos en una 11.000 viviendas".