La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ha puesto en marcha “Súper Valiente busca hogar”, una nueva campaña para fomentar el acogimiento familiar de los 2.411 menores y adolescentes que residen en los centros de protección repartidos por toda la comunidad, entre ellos los 136 residentes en las distintas instalaciones existentes en Córdoba . “El ámbito familiar constituye el mejor contexto para que las niñas y niños encuentren la protección, el afecto y la estimulación que necesitan para su desarrollo, y así queda recogido en la nueva Ley de Infancia, que es pionera en materia de protección”, ha destacado la directora general de Infancia, Antonia Rubio, durante la presentación en Córdoba de los tres spots de la campaña, que cuentan con la participación desinteresada del cantante Miguel Poveda.                             

Rubio, que ha estado acompañada por el delegado territorial de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Córdoba, Antonio López, ha subrayado el compromiso de la Consejería con la infancia más desprotegida y vulnerable, recogido en esa Ley de Infancia y Adolescencia. El texto, ya en vigor y que ha contado con el consenso de la mayoría de formaciones políticas y la colaboración de las entidades que trabajan con la infancia, promueve que no haya menores de 13 años en los centros de protección, al tiempo que se fijan unos tiempos máximos que los menores podrán estar en los centros residenciales.

“Desde la Consejería nos hemos propuesto un reto muy ambicioso, pero que confiamos en lograr porque Andalucía es una tierra de buena gente, buena gente solidaria y generosa, y ese reto es un niño, una familia”, ha resaltado Rubio. Y ha puesto en valor el carácter “integral, transversal y acorde a la realidad y el contexto social actual” del nuevo legal, que incluye por ejemplo elementos como el uso responsable de internet y la alfabetización digital, el derecho a la imagen o los riesgos de adicción.

Ley con prioridad presupuestaria

La norma, con prioridad presupuestaria en las distintas Consejerías de la Junta de Andalucía, busca regular sus derechos y deberes, impulsar la participación infantil y crear un sistema de información e indicadores que permita medir su bienestar real y diseñar una planificación de políticas publicas orientadas a su desarrollo integral.

Durante su intervención, la directora general ha reiterado que “crecer en familia es la mejor alternativa que se puede ofrecer para ayudar a reparar el daño sufrido en la infancia”, ya que se trata de menores y jóvenes que han sufrido experiencias de adversidad, abandono y sufrimiento y han sido retirados de su familia biológica. “Por eso decimos que son súper valientes, porque han demostrado una enorme capacidad de resiliencia al afrontar situaciones adversas con tan poca edad, con fortaleza, vitalidad y superación”.

En Andalucía hay en estos momentos 2.479 menores y adolescentes en acogimiento familiar, ya sea con familias ajenas (897 menores) o familia extensa, aquella con la que mantiene algún vínculo familiar (1.582 menores). Y 1.891 familias han abierto las puertas de su hogar y de su corazón a quienes lo necesitan para ofrecer la cercanía y estabilidad que solo puede ofrecer una familia”, ha destacado Rubio. En la provincia de Córdoba, son 260 los menores acogidos (107 de ellos en familias ajenas y 153 en familia extensa), y hay 182 familias acogedoras, 83 ajenas y 99 extensas. No obstante, otros 136 continúan aún en los centros residenciales.

Así, la directora general de Infancia puesto el acento en que “estas familias de acogida son el activo más importante y valioso con el que contamos y sus testimonios nos hablan de generosidad, entrega y compromiso con la infancia más desfavorecida”.

Rubio ha defendido además el acogimiento como la mejor oportunidad de estos menores “para dar y recibir cariño, así como la de formar parte de una familia que les dará el amor, los cuidados y la atención que necesitan”. Sin embargo, ha puesto el acento en que la mayoría de los menores acogidos en los centros de protección tienen más de 6 años, “por lo que es obligación de la administración hacer visible su realidad y motivar a la población a que participe de manera activa en su vida”.