La Intervención General del Ayuntamiento de Córdoba ha sembrado dudas sobre el expediente del proyecto de expropiación forzosa de Caballerizas Reales, que va hoy al consejo rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU). Si bien la interventora deja claro que su fiscalización no tiene carácter suspensivo ya que existe un informe jurídico favorable, sí que apunta a ciertos errores en ese informe de expropiación que han debido ser subsanados para poder ir al consejo rector.

Por un lado, desde Intervención se advierte de que "la cantidad propuesta pudiera no ser suficiente a futuro", y con cantidad se refiere a los más de dos millones de euros que Urbanismo destinará a expropiar el edificio de Caballerizas al que es su legítimo dueño, el Ministerio de Defensa. Además hace referencia también a la disparidad de cifras. Y es que el expediente actual habla de esos dos millones de euros, mientras que el Servicio de Patrimonio de la Gerencia elevaba la cuantía por encima de los seis millones de euros.

La interventora da otro tirón de orejas a la Gerencia por no incluir en el expediente el "informe de ejecutividad de los recursos que financiarían" la expropiación. Aunque pueda ser un error fácilmente subsanable y más administrativo que otra cosa, sí se deja claro por parte de la Intervención que "causa cierto asombro que los expedientes se sigan remitiendo a esta Intervención sin cumplir tan elemental requisito", más aún, apunta, cuando se sabe que dichos informes se van a reclamar y que los procesos, por tanto, se alargarán. "El claro perjudicado en los retrasos en la tramitación de los expedientes sería la propia GMU e incluso el particular interesado en algunos supuestos, por lo que aun menos se comprende este peculiar proceder de los servicios de la GMU", apunta.

Y siguiendo con los procedimientos administrativos, se recuerda que, según la Intervención, un informe de estas característica debe ser aprobado por la Junta de Gobierno Local y no por el consejo rector de Urbanismo (que aun así pretende elevarlo al primero cuando se le dé el visto bueno este miércoles, si es que finalmente ocurre).

Otra de las dudas que siembra la Intervención, y en esta sí se extiende durante varios folios, es la causa expropiandi. Para una expropiación forzosa como la que se va a ejecutar con Caballerizas, la ley determina que debe realizarse una declaración de utilidad pública o interés social. Para la interventora, esa causa "no está motivada". 

Además, en este punto explica que desde la Gerencia se ha entendido esta expropiación como un movimiento puramente urbanístico, pero alerta de que se trata de Caballerizas, un monumento que aunque no esté declarado expresamente como bien de interés cultural sí tiene carácter de BIC (solo por el hecho de que se encuentra en una zona que sí cuenta con dicha declaración). Por lo tanto, cree que se está "obviando" la "necesaria aplicación a nuestro juicio de las previsiones que al respecto recoge la legislación en materia de Patrimonio Histórico". Esto quiere decir que, como mínimo, sería necesario la consulta a la autoridad competente en patrimonio, es decir, la Junta de Andalucía.