La oposición en bloque (PSOE, IU, Vox y Podemos) pedirá al alcalde en el próximo pleno que se celebra el jueves la paralización de todos los procesos selectivos del Ayuntamiento de Córdoba, pertenecientes a distintas ofertas públicas de empleo, mientras se aprueba la modificación del Estatuto Básico del Empleado Público. La oposición actúa con el acicate de una plataforma ciudadana respaldada por varias fuerzas sindicales, que representa a más de 200 trabajadores que están en fraude de ley en el Ayuntamiento de Córdoba, en algunos casos desde hace 20 años, y que ya han emprendido acciones reivindicativas. 

Marina Navarro, trabajadora social del Ayuntamiento desde hace 15 años y miembro de esta plataforma, ha lamentado la actitud del concejal de Recursos, Bernardo Jordano (PP), que prefiere dirimir este conflicto “en los tribunales” aunque sea doblemente costoso para las arcas públicas, que previsiblemente tendrán que indemnizar a los empleados municipales que no aprueben su plaza.

La plataforma pide detener los procesos selectivos hasta que el Gobierno termine de legislar sobre esta materia, habida cuenta de que la ley para eliminar la temporalidad de la administración de una manera justa está en pleno debate parlamentario, espoleado por una directriz europea obligatoria. “Lo que estamos pidiendo al Ayuntamiento es que espere que esta legislación esté en marcha”, ha resumido Navarro. 

En concreto, este colectivo solicita a Recursos Humanos que no saque las plazas que están ahora ocupadas por interinos en turno libre, sino en concurso oposición para que se valore la experiencia de los empleados al menos en un 40%. De lo contrario, estiman que habrá agravio comparativo con otras convocatorias que salgan bajo el amparo de la futura ley y que se genera inseguridad jurídica para los opositores. “No tiene ningún sentido que la empresa no tenga en cuenta su capital humano”, comenta Navarro. 

Las concejales Amparo Pernichi (IU) y Cristina Pedrajas (Podemos) han recordado que muchos ayuntamientos españoles (Sevilla, Cádiz, Málaga o Granada), incluidos aquellos gobernados por el PP, han paralizado sus convocatorias hasta conocer la nueva ley. Para la viceportavoz de IU , “lo que propone este gobierno es tirar a la basura esa experiencia y ese capital humano” y ha advertido que el empecinamiento puede poner en peligro hasta la concesión de fondos europeos. “Cualquiera de estas personas podrían acudir a los tribunales con la directiva europea en la mano”, ha añadido. Por su parte, Pedrajas ha preguntado al alcalde qué argumento le queda si tanto la oposición como los sindicatos le están pidiendo lo mismo. “Las dos fórmulas (de examen) son legales, pero si con una perjudicas a tus trabajadores y no cuentas con su experiencia, nos parece tremendamente injusto seguir adelante”, ha dicho.