La vacunación frente al covid de menores de edad se ha convertido en un motivo más de conflicto entre padres separados cordobeses, que no se ponen de acuerdo en si su pequeño puede recibir o no la inmunización, medida que en el caso de España está autorizada para los mayores de 12 años. Con motivo del inicio del curso escolar, las autoridades sanitarias y educativas quieren contar con el mayor número de niños y adolescentes vacunados. Actualmente, en Córdoba el porcentaje de mayores de 12 años que está vacunado frente al covid es de los más altos de Andalucía. Más del 92% de cordobeses mayores de 12 años ha recibido al menos una dosis de la vacuna frente al covid y más del 88% cuenta con la pauta completa.
María Dolores Azaústre, abogada especializada en familia del Colegio de Abogados de Córdoba, señala que recientemente «hemos recibido consultas por parte de padres separados en relación con este asunto». Para Azaústre, el objetivo siempre en temas de menores es intentar llegar a un acuerdo para que la discrepancia se resuelva y afecte lo menos posible a los niños, para evitar así que la situación acabe en demanda y llegue a un juzgado de familia. Cuando existe controversia en el ejercicio de la patria potestad sobre los hijos menores en decisiones sanitarias o educativas y no se resuelven de mutuo acuerdo entre los padres separados, el juez de familia determina la capacidad de decidir a uno de los dos progenitores tras escuchar los razonamientos de cada uno.
Un argumento que utilizó esta letrada en la negociación de un caso en el que el padre no quería vacunar a su hijo frente al covid fue preguntar a ambos progenitores si se habían vacunado. En este caso, tanto el padre como la madre habían recibido la vacuna, por lo que, aunque la vacunación no es obligatoria, pero sí recomendable, como ambos progenitores estaban inmunizados, esta situación era un argumento de peso para que el padre permitiera al hijo vacunarse, ya que él mismo optó por recibir su dosis.
En relación a este mismo tema, el abogado Miguel Calabrús expone que, aunque no ha tramitado ninguno asunto judicial relacionado con esta discrepancia, varios padres separados le han consultado acerca de si podían oponerse a la vacunación de su hijo o hijos o si su expareja podía hacerlo. Este letrado señala que les aconsejó a estos padres y madres que no se deben negar a la vacunación frente al covid de un menor, al representar esta medida una atención del niño, que es a quien hay que proteger, de forma que, aunque un progenitor se niegue a la inmunización, si el otro lo lleva a vacunarse no le implicaría ninguna consecuencia negativa, porque es una actuación realizada en beneficio del hijo menor de edad.
Otras discrepancias
En septiembre del año pasado, con motivo del inicio del curso escolar, otra cuestión relacionada con la pandemia que dividió a padres separados fue si permitían que su hijo o hijos acudieran de forma presencial al colegio o al instituto, teniendo en cuenta que desde los 6 a los 16 años la educación es obligatoria y no ir a clase se podía considerar absentismo. En ese momento aún no había vacuna y la incidencia del covid estaba entre moderada y alta.
María Dolores Azaústre recuerda que se dieron situaciones muy complicadas el curso pasado, porque, por un lado, estaba el hecho de preservar la salud del menor, que, en determinados casos, se podía ver comprometida por un contagio si iba al colegio, pero, por otro lado, estaba el hecho de que la educación es obligatoria entre los 6 y los 16 años.
Según esta letrada, en un caso que defendió ella se apostó por que el niño fuera al colegio, porque se consideró que era mayor el beneficio para su salud acudir a clase, frente al perjuicio de no ir. A la hora de que los padres que no se ponen de acuerdo en si vacunar o no a sus hijos o en si dejarles ir al colegio, juega también un papel importante para que lleguen a una conformidad la aportación que pueda hacer un pediatra, para evitar un conflicto judicial.
