La sequía, que ha dejado los pozos sin agua, y el hecho que desde el estallido del covid se haya disparado la población en algunas zonas de parcelaciones y zonas urbanas como Trassierra, donde solo funciona una depuradora provisional, pueden provocar problemas sanitarios y ambientales a corto plazo. La necesidad de dar solución a este problema, así como servicios básicos, agua y electricidad principalmente, a las núcleos urbanos legalizables, mueven desde hace años al Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC).
Ahora, el Defensor del Pueblo Andaluz ha admitido a trámite la demanda que se hace eco de esta situación y ya ha solicitado al órgano de participación ciudadana los escritos administrativos, sin respuesta o con ella, que han ido recopilando a lo largo de este tiempo.
El presidente del CMC, Juan Andrés de Gracia, se muestra esperanzado en esta intermediación del defensor y explica que están ya recogiendo la información requerida que atañe a cerca de 10.000 viviendas y a varias de decenas de miles de personas en Córdoba. «Es urgente que se le dé respuesta sobre todo de agua a estas viviendas, por razones sanitarias y ambientales. Desde el estallido del covid se ha disparado la población que vive aquí y esto unido a la sequía está haciendo que los pozos se estén quedado muy bajos, sobre todo en zonas de la Sierra, que además cada vez reciben a más gente en vacaciones», explica el representante ciudadano alertando de la delicada situación ambiental que ocasionan estas circunstancias.
Bejarano y Baños de Popea
El presidente del CMC lamenta por ejemplo lo ocurrido en el arroyo del Bejarano y los Baños de Popea, donde la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir tomó muestras en agosto por el mal estado de sus aguas y tras obtener los resultados avisan de «la próxima incoación de un expediente sancionador, con sus plazos de alegaciones como cualquier procedimiento administrativo», según informan fuentes de la CHG.
Por otro lado, tras haberse reunido con los grupos parlamentarios, el Movimiento Ciudadano está muy pendiente de la nueva ley del suelo de Andalucía (Lista), que el Gobierno andaluz quiere culminar antes de final de año. «Esperamos que haya una respuesta positiva a nuestras propuestas y que se incluyan en la ley», comenta De Gracia, entre ellas la concesión de agua a las viviendas que hubieran iniciado su regularización y que ya se contempló en la anterior legislatura aunque se vio interrumpida. «Algunas, como Torreblanca, Campiñuela y Alamillo (incluidas como legalizables en el PGOU), llevan 20 años esperando y es importante que tengan la posibilidad de adelantar el servicio mientras siguen los trámites de regularización», dice.
Por último, el CMC espera obtener respuesta del alcalde, José María Bellido, para la creación de la oficina del territorio de la Gerencia Municipal de Urbanismo que prometió. «Entendemos que no hay personal, pero vemos que algunos proyectos sí avanzan por eso pedimos un equipo mínimo dedicado a organizar el territorio y a atender a las parcelas en proceso de legalización», explica. Además, piden que se revisen los suelos de especial protección, para que esta circunstancia no sea limitante a la hora de dar servicios básicos.
«Las limitaciones no se pueden mantener por razones de salud o de medioambiente. Es necesario organizar el consumo de agua», comenta Juan Andrés de Gracia, que observa con preocupación que la sequía se ha unido este año a la explosión demográfica vivida en la periferia, que se está manteniendo todo el año, y dispara el consumo de agua. «Se va tirando de los pozos, que al no rellenarse por la falta de lluvia terminan secándose. Tendremos problemas sanitarios, higiénicos y medioambientales pronto, pero nadie quiere ponerle el cascabel al gato», alerta.
