CSIF exige a la Junta más garantías jurídicas para los docentes andaluces ante casos como el de los Baños de Popea

La Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) Andalucía ha remitido un escrito al consejero de Educación y Deporte de la Junta, Javier Imbroda, en el que reclama una regulación que dote al personal docente de mayores garantías jurídicas para el desarrollo de las actividades extraescolares.

La presidenta del Sector de Educación de CSIF Andalucía, Elena García, argumenta en dicha misiva que "resulta primordial" que el profesorado cuente con un mayor respaldo dentro del marco normativo por parte de la Administración educativa.

El sindicato plantea esta demanda ante casos como el sucedido a dos profesores del IES Colonial de Fuente Palmera (Córdoba), que fueron condenados recientemente por homicidio imprudente tras el fallecimiento de un alumno en una excursión a los Baños de Popea en el año 2018, ha recordado.

En este sentido, ha hecho hincapié en "la situación de desamparo e inquietud generada entre el profesorado" tras conocerse el pasado mes de junio dicha sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal número 4 de Córdoba, que posteriormente los servicios jurídicos de CSIF, que representa a uno de los docentes afectados, han recurrido en apelación ante la Audiencia Provincial.

Por ello, reclama a la Junta mayores garantías para el profesorado en el ámbito de la responsabilidad civil. García ha sostenido en un comunicado que "es necesario que se garantice, en general, un mayor amparo y seguridad jurídica para los docentes cuando se desarrollan las actividades extraescolares, que tienen una gran importancia en la formación integral del alumnado, pero que en algunos casos pueden comportar unos riesgos".

CSIF aboga por una normativa que aporte una mayor protección y seguridad al profesorado y al alumnado cuando tengan lugar estas actividades, incluyendo la dotación de mayores recursos materiales.

"No basta con la buena voluntad y la solidaridad porque, cuando llegan este tipo de situaciones, es el personal docente el que las sufre directamente y, además que tener que vivir y afrontar hechos luctuosos se ve envuelto en procesos judiciales que duran años y que hacen mella en su día a día", ha concluido la dirigente sindical. "Si existe una desprotección flagrante en responsabilidad civil y penal del profesorado, lo más sensato sería evitar los posibles riesgos", ha argumentado.