El Ayuntamiento de Córdoba se ha visto obligado a devolver al Ministerio de Transportes -Mitma, antes, Fomento- los 480.196 euros que le concedió en el 2018, durante el mandato de PSOE e IU, para la ejecución de la segunda fase de la restauración de Regina, la que se centraría en el convento, con cargo al 1,5% cultural. Urbanismo aprobó en julio la devolución al Mitma de los 480.196 euros más los 30.834 de los intereses de demora que le reclamaba.
Esa no es la única reclamación a la que se ha enfrentado el Consistorio en relación a Regina. La primera fase de la reforma, la que afecta a la iglesia, se financiaba con fondos del Plan Turístico de Grandes Ciudades, cuyo plazo expiró hace más de un año sin que la obra se pudiera llevar a cabo porque la adjudicataria, que la tenía encargarda desde el 2018, nunca la inició, lo que derivó en la resolución del contrato y en la necesidad de licitar los trabajos de nuevo, hecho que no ha ocurrido aún. Al no haber ejecutado esa obra ni la del Templo Romano, que quedó paralizada al poco tiempo de iniciarse, la Junta le pidió al Ayuntamiento la devolución de casi medio millón de euros, de los que más de 170.000 correspondían a Regina. En abril pasado, la junta de gobierno local aprobó recurrir la cantidad reclamada.
El grupo municipal socialista daba a conocer ayer, a través de una nota, la devolución del dinero concedido dentro del 1,5% cultural para la segunda fase de Regina, más los interes generados, hecho que lamentaba y que achacaba a la «incapacidad de gestión» del equipo de gobierno. La concejala socialista Alicia Moya pedía explicaciones sobre los planes y los plazos para rehabilitar Regina y censuraba que el proyecto siga «en el olvido». A su juicio, este es un "ejemplo más de proyectos que cuentan con financiación definida pero que no consiguen arrancar por la mala gestión de un gobierno atascado y sin plan". Moya está convencida de que la partida de 700.000 euros para rehabilitar el claustro para uso cultural «se va a quedar en el banco por la inutilidad de este gobierno».
La percepción del gobierno local es distinta. El presidente de Urbanismo, Salvador Fuentes, asegura que ha intentado "salvar una subvención que habían perdido prácticamente ellos". "El plazo se lo comieron ellos durante su mandato y la covid-19", insiste. A su juicio, «la subvención estaba ya perdida por el anterior gobierno y su incapacidad». Fuentes asevera que lo más importante es el arreglo de la nave, para la que hay partida en las cuentas del 2021, y «adecentar el claustro y no reconstruirlo». El claustro, que era lo financiado con el 1,5%, "suponía un derroche de proyecto para un solar tan deteriorado, por eso no era tan grave no abordar su reconstrucción".
La intención de Urbanismo es ejecutar con fondos propios la restauración y en ello afirma Fuentes que están trabajando. En los presupuestos del 2021 hay 275.000 euros para la primera fase y 705.236 euros para la segunda (cantidad en la que hay que descontar el dinero devuelto).
En cuanto a IU, Pedro García, que estaba al frente de Urbanismo cuando se adjudicó la primera fase y se logró la subvención para la segunda, y que ayer dijo desconocer la circunstancia de la devolución, piensa que el problema de Regina fue la adjudicación y que la empresa que iba a llevar a cabo la primera fase desapareció. Esto condujo a una larga lista de trámites que se alargaron en el tiempo. Solo el inicio del expediente de resolución del contrato requirió dos intentos.
Los trámites seguidos
Según Fuentes, desde que a Urbanismo llegó la resolución de la concesión definitiva en octubre del 2019, había un plazo de seis meses para ejecutar la obra, que no se ha podido cumplir por distintas circunstancias, como una «contradicción» detectada al poner en marcha el expediente de contratación. Esa contradicción se producía entre la subvención concedida a Urbanismo y la solicitud y justificación de la retención de crédito efectuada por el Ayuntamiento. Lo ocurrido fue que la subvención se pidió en el 2017 a nombre del Ayuntamiento pero se incluyó el NIF de Urbanismo. Esto obligó a realizar una encomienda de gestión a Urbanismo.
En diciembre del 2019 Urbanismo envió a Contratación el proyecto, al que afectó el retraso de la aprobación de los presupuestos, ya que había que incluir una partida en ellos. Ante ello, en enero del 2020, Fuentes pidió al Gobierno una ampliación de plazo por seis meses. Después llegó la pandemia y la paralización de los plazos administrativos. A pesar de ello, y según Fuentes, se siguieron dando pasos para licitar el proyecto, aunque este se volvió a ver afectado por el estado de alarma. En febrero de este año volvió a pedir una prórroga para culminar la licitación e iniciar las obras, que le ha sido denegada.
