Los juicios con jurado popular están vinculados a algunos de los sucesos más trágicos ocurridos en Córdoba, acontecimientos que han quedado grabados en la memoria colectiva y en los que el procedimiento judicial ha supuesto un punto y final para el necesario esclarecimiento de los hechos, con la consecuente impartición de justicia.
Quizá uno de los de mayor impacto social fue el juicio a José Bretón, celebrado en el año 2013 a raíz de la desaparición de sus dos hijos, Ruth y José, de 6 y 2 años de edad, respectivamente. Después de que su progenitor denunciara la desaparición de los pequeños en un parque en octubre del año 2011, se destinaron numerosos recursos a su localización, aunque finalmente se hallaron pruebas con las que Bretón fue declarado culpable del asesinato de los niños y condenado a 40 años de cárcel. Su abogado defensor, José María Sánchez de Puerta, admitió en aquel momento que, «por desgracia, es el juicio más grande, más luctuoso y más mediático de la historia de Córdoba».
En el caso de aquella vista oral, se acreditaron 108 profesionales de 35 medios provinciales, regionales y nacionales, y se habilitó una sala con 35 puestos de trabajo, además de reservar una decena de plazas en la sala de vistas también para los profesionales de la prensa.
Consultado por este periódico, el magistrado presidente de la sección segunda de la Audiencia provincial de Córdoba, José María Magaña, también recuerda como «un juicio muy complejo, con muchísimos testigos», el celebrado en 1998 por el asesinato de las policías locales María de los Ángeles García y Soledad Muñoz, y el atraco al Banco Santander, entre otros delitos cometidos el 18 de diciembre de 1996 por la conocida como banda de la nariz. Aquel procedimiento contó con más de cien testigos y numerosas acusaciones particulares, y finalmente Claudio Lavazza (cabecilla del grupo italo-argentino), Giovanni Barcia, Giorgio Eduardo Rodríguez y Michele Pontolillo fueron condenados a 148 años de prisión en este primer juicio, celebrado con un tribunal del jurado que presidió Magaña. En el año 2001 regresaron al banquillo para responder por el tiroteo ocurrido en la calle Los Omeyas (en este último caso, solo respondían ante la Justicia tres miembros de la banda), por el que fueron condenados a 52 años de prisión. Magaña recuerda que «era otra época, aunque en Córdoba tuvo mucha relevancia, no había esa presión mediática pese a ser muy grave».
Acerca de su experiencia como presidente de estos tribunales, comenta que «la gente necesita encontrarse en la tesitura de ver lo que es la justicia, es algo muy bueno, responde siempre. Cuando ya hemos terminado, está encantada de ver que tiene una capacidad de resolver importante». A esto añade que, «en la mayoría de los casos, creo que el veredicto es justo». Así, preguntado por las sentencias que se suelen dictar en estos procesos, apunta que «hay un tanto por ciento no muy grande de conformidades y la mayoría son condenatorias», aunque también recuerda algunas absolutorias.
Desde que se reimplantó el tribunal del jurado en Córdoba hace 25 años, los ciudadanos han sido llamados a participar en la Justicia mediante esta vía hasta en 115 ocasiones y, si bien estos procedimientos suelen tener una mayor trascendencia, no todos se relacionan con hechos luctuosos. A modo de ejemplo, cabe citar que en el 2019 un jurado popular halló culpable de malversar 610.279 euros y de un delito de falsedad al exgerente del Consorcio Provincial de Bomberos, Antonio Navarrete, que fue condenado a cinco años de cárcel.
