El número de viviendas con alarma ha vivido un antes y un después debido a la pandemia. El confinamiento total y las posteriores restricciones de movilidad, recuperada hace apenas tres meses, ha hecho que muchas familias con segundas residencias hayan decidido invertir en seguridad por miedo a las ocupaciones, que, según los expertos en el sector, han proliferado en toda España por la falta de uso durante temporadas más largas de lo habitual de un número importante de viviendas. Según Norberto Sánchez, gerente de Noyma Seguridad, una empresa cordobesa, desde que empezó la pandemia se ha producido un incremento de en torno al 20-25% de la demanda de alarmas entre particulares y también en hoteles y locales que han tenido que cerrar (algunos aún no han abierto) y que buscan completar por esta vía las funciones del personal de vigilancia nocturna.

En cuanto a las ocupaciones, Sánchez recuerda que contar con una alarma permite a los usuarios de una vivienda conocer de inmediato el momento en el que se produce la intrusión en un inmueble y alertar a la Policía dentro de las primeras 24 horas, en las que se actúa como «intento de robo». Transcurridas 48 horas con los ocupantes dentro, el caso puede ser atendido como ocupación, entrando en juego los trámites judiciales que impedirían un desalojo inmediato. El verano también es un momento propicio para las ocupaciones y posibles robos debido a los movimientos vacacionales.

La compañía Securitas Direct también confirma que el 2020 fue un año de crecimiento del sector por «la mayor concentración de las familias en las necesidades de protección, en especial de las segundas residencias». También se ha dado el caso contrario, ya que el teletrabajo ha permitido el traslado de muchas familias a las segundas viviendas, lo que ha requerido mayor protección de la casa habitual y en las empresas, menos transitadas de lo normal. Los que ya tenían alguna seguridad, han requerido servicios complementarios, como equipos que alertan sobre cambios bruscos de temperatura o humedad o de protección fuera de casa. Tras la pandemia, la llegada del verano ha mantenido la demanda, afirman. «Esta es una de las épocas del año en que se realizan más instalaciones en casas y negocios vacíos, ya que la gente quiere irse de vacaciones tranquila», afirman.

El coste de un equipo de alarma varía mucho según el tipo de vivienda, el número de dispositivos que se instalen, si son equipos autónomos (con baterías) o no y otros factores. En Noyma Seguridad, la alarma básica es un sistema conectado al móvil del cliente que le alerta de posibles intrusiones en su domicilio y al no estar conectada a la central de alertas no tiene cuota mensual. La instalación se realiza desde 320 euros. Las que incluyen conexión a una central conectada con la Policía puede hacerse desde 450 euros más cuota de mantenimiento. Antes de los equipos, se estudian las cerraduras de los inmuebles. «Es lo primero que hay que mirar, porque algunas son muy fáciles de abrir y el cámping no lo cubre el seguro porque no se fuerza la entrada», señalan. Los pequeños comercios también son clientes habituales de estos servicios, sobre todo de sistemas de videoviglancia, «para prevenir robos y hurtos de desconocidos o de los propios empleados, algo que según nuestra experiencia es muy común», afirma Sánchez.

Córdoba es una de las diez ciudades más seguras de España

Córdoba es una de las diez ciudades más seguras de España según el barómetro 2021 de seguridad que realiza anualmente la compañía Securitas Direct en función del porcentaje de intrusión, un indicador en el que se combina el número de saltos de alarmas reales e intrusiones por zona atendidas en las centrales receptoras de alarmas. La tasa de intrusión en Córdoba es del 1% tanto en el ámbito residencial como en el de los negocios, una de las más bajas de todo el territorio.

Los municipios que lideran el ranking son Albacete, Oviedo, Santa Cruz de Tenerife, Valladolid, Salamanca, Burgos y Logroño, todos ellos con menos del 1% de intrusiones frente a Córdoba y Santander, que alcanzan el 1%. 

Por provincias, las más seguras son Huesca, Teruel, Ávila y Salamanca mientras que Castilla León, Asturias y La Rioja figuran como las comunidades autónomas que registran menos asaltos de España, menos de un 1% en todos los casos.