La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía ha destacado que se ha destinado en la provincia de Córdoba más de 27,7 millones de euros para la construcción y mejora de viviendas.

Este viernes, la delegada de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Cristina Casanueva, ha explicado que "se está demostrando que todo lo que tiene que ver con la vivienda ya que es una prioridad para el Gobierno andaluz". Los programas de la Junta “están destinados a todos los ciudadanos, vivan donde vivan, y a las instituciones para mejorar la calidad de vida de los cordobeses”, destaca la delegada.

Para Casanueva, la vivienda es una de las prioridades del Gobierno andaluz “como demuestra la aprobación del Plan VIVE, que supera el balance negativo de los planes puestos en marcha por los anteriores gobiernos socialistas y apuesta por convocatorias ágiles en las que las ayudas lleguen rápidas a los ciudadanos que más lo necesitan”. Dicho plan cuenta con financiación europea, estatal y andaluza “para afrontar los retos habitacionales que en estos momentos son tan necesarios”.

Respecto a las ayudas al alquiler, Casanueva ha destacado tres programas en los que han invertido 7,6 millones de euros y han salido beneficiadas más de 1800 familias cordobesas. En concreto, han sido el programa de ayuda al alquiler por la crisis del coronavirus, el programa de ayudas alquiler de vivienda habitual de 2018 y el programa destinado a personas vulnerables, con ayudas para particulares y al tercer sector.

Desde la Junta afirman estar "bastante preocupados en como viven los cordobeses", expresa Casanueva, y por ello han puesto en marcha ayudas de rehabilitación de viviendas y de edificios. "Hemos recuperado planes tan necesarios y solicitados por los municipios de la provincia como son la rehabilitación de vivienda después de 10 años", afirma.

En cuanto a este programa, en 2019 se destinaron tres millones de euros para actuar en 625 viviendas para colocación de ascensores, arreglos tejados, o baños entre otros. En concreto, se ha actuado en 21 comunidades, con 492 viviendas, y en la provincia en 133 viviendas de 52 municipios. Haciendo referencia al 2020, el programa de rehabilitación contempla 1,5 millones en ayudas para 21 comunidades resueltas provisionalmente, así como más de 900.000 € en rehabilitación de viviendas.

Según ha la delegada, “el Gobierno andaluz trabaja para que el derecho a la vivienda digna y accesible sea una realidad para las familias que lo están pasando muy mal". Ante la falta de programas, la consejería de Fomento ha puesto en marcha el programa de construcción de vivienda nueva en alquiler. Esta ayuda ya se encuentra por la tercera convocatoria y se ayudará a los ayuntamientos en la construcción de 27 viviendas en el municipio.

“Es visible ya el cambio en las políticas de vivienda pública y muchos los vecinos de la provincia ya disfrutan de viviendas más confortables, eficientes energéticamente y accesibles gracias a las actuaciones puestas en marcha por la Consejería de Fomento desde AVRA con una inversión de 5,9 millones para actuar en 3953 viviendas", asegura Casanueva.

En cuanto a la rehabilitación eficiencia energética en la capital, se están beneficiando 320 viviendas del parque público de las manzanas 12, 11 y 15 de la Barriada Guadalquivir, con una inversión de 4,2 millones. En Moreras se han beneficiado 31 viviendas y en esta misma barriada, en materia de accesibilidad, se ha actuado en zonas comunes que benefician a 80 viviendas con una inversión de 137.823 euros.

Casanueva ha señalado que, “el mantenimiento de las viviendas públicas está siendo constante, si tenemos en cuenta que en estos más de dos años se han realizado 397 actuaciones de adecuación, conservación y mantenimiento en 24 municipios que benefician a 3.409 viviendas con una inversión total de 811.562 euros”.

En cuanto a la protección de vivienda frente a la ocupación ilegal, ha recalcado las más de 230 consultas atendidas “que comprenden la reestructuración de préstamos, daciones en pago, lanzamientos e impagos de alquiler, así como la puesta en marcha de la oficina frente a la ocupación ilegal, donde se da información a las familias afectadas de cómo actuar ante dichas situaciones”.