Córdoba tiene en este momento una veintena de subastas inmobiliarias activas a las que se puede acceder a través del Boletín Oficial del Estado (BOE) y del portal creado hace cuatro años por el Colegio Oficial de Procuradores para dar salida a bienes que provienen de procedimientos judiciales www.subastasprocuradores.com. Los juzgados cordobeses celebran a través del BOE 20 subastas de casas y pisos embargados a deudores con las que se pretende satisfacer las reclamaciones por un importe de 3,7 millones de euros. No todas las subastas se llevan a cabo por deudas pendientes. También hay dos subastas judiciales voluntarias denominadas de pro indiviso, que son aquellas que se realizan tras un procedimiento para la división de un bien común en el que las partes no se ponen de acuerdo y deciden acudir a esta vía por voluntad propia para obtener el dinero y resolver la situación.

Terrenos en proceso de subasta en el portal de los procuradores.

Entre las subastas pendientes, figuran tres compuestas por lotes. Una de ellas incluye tres trasteros situados en la avenida de la Cuesta del Molino de Puente Genil a cuyo deudor se le reclaman 7.145,6 euros. Otra que lleva a cabo el Juzgado de Montoro afecta a un deudor a quien se le reclaman 917.262 euros por los que se subastarán dos pisos y dos plazas de garaje de la calle Luis Pérez Ponce de Villafranca de Córdoba. En la capital, la de mayor envergadura es una propiedad sobre la que pesa una deuda de 1,2 millones de euros. En este caso, la subasta, activa hasta el 29 de julio, incluye hasta 9 lotes de un edificio de Ciudad Jardín en Córdoba denominado Los Áticos de Costa Sol. Se da la circunstancia de que algunas de las viviendas subastadas están ocupadas por arrendatarios con contrato, que heredaría de algún modo la persona que lo adquiera. Los lotes se componen por siete pisos que salen a subasta por cantidades superiores a los 200.000 euros y dos aparcamientos con trastero por cuantías que rondan los 30.000. Además, hay viviendas con subastas activas en Baena; Pozoblanco; una casa unifamiliar en Carcabuey, con un precio de salida de 68.880 euros; una nave almacén en el Cerro de la Virgen de Bujalance; un piso de 80 metros en la calle Pedro Platero de Bares de la capital, que sale a subasta por 142.956 euros; y dos más en la avenida de Libia y la calle Alderetes, entre otras. Además de los inmuebles detallados en el BOE, el portal de los procuradores ha sacado a subasta tres fincas de suelo urbano con uso predominante residencial en la zona de La Arruzafa, en el plan parcial O1. Una de ellas tiene 8.129 metros de superficie y está valorada en 3,5 millones de euros aunque la puja mínima establecida es de 2,2 millones. La segunda finca, la parcela 12, está valorada en 4,4 millones de euros y consta de 10.345,89 metros cuadrados. La puja mínima para estos terrenos es de 2,7 millones de euros. Por último, hay una parcela también en el mismo sector con 25.681 metros tasada en 10,9 millones y por la que se puede empezar a pujar a partir de 6,8 millones de euros.

Hay activa una subasta en Platero Pedro de Bares.

Los procuradores no solo son los gestores de esta plataforma sino que entre sus colegiados hay profesionales especializados en subastas que en muchos casos se encargan de realizar las pujas a favor de las personas interesadas. Según los profesionales consultados, los bancos son los que más inmuebles sacan a subasta porque son los que cuentan con un mayor número de propiedades embargadas susceptibles de ser canjeadas por dinero de esta forma. En el lado de los que pujan, «la participación no es masiva», aseguran, ni tampoco se puede esperar como norma obtener grandes gangas en estos procedimientos. «Se trata de una vía que puede chocar con problemas jurídicos no inmediatos si los inmuebles subastados poseen cargas anteriores, porque las casas hayan sido ocupadas o estén afectadas por arrendamientos previos», indican. La ley prevé muchas medidas de protección para los colectivos en situación de vulnerabilidad, de ahí que los trámites hasta realizar la toma de posesión de los bienes adquiridos «puede ser penoso y largo».

Para que la subasta sea ventajosa para quien adquiere el bien, lo importante es que la relación calidad-precio sea equilibrada. «El problema es que no todos los pisos y casas que se subastan tienen realmente el valor por el que han sido tasados», señala un procurador, «hay pisos que salen por cantidades muy superiores porque se tasaron en otro momento del mercado o porque llevan años cerrados y al tomar posesión del bien uno se encuentra con que la persona que lo ocupó antes lo dejó devastado antes de irse».

Entre los que realizan pujas, también es habitual que lo hagan inmobiliarias o empresas con fines de inversión. La Tesorería de la Seguridad Social también subasta los bienes embargados. En Córdoba hay pendientes en este momento 24 subastas más que se desarrollarán entre el 15 de septiembre y el 13 de octubre. Entre ellas, destaca la de un chalet en la calle Quitapesares en una finca de 200 metros y una vivienda en la calle Mayoral de 283 metros, que se realizarán el 29 de septiembre. La Tesorería subastará además tres locales del parque Los Azahares, situado en el Zoco, y dos coches Volkswagen Caddy valorados en 3.800 y 4.000 euros, respectivamente.

Si el proceso se cierra sin pujas, el acreedor puede adjudicarse el bien

Cuando una subastase cierra sin pujas lo más habitual es que el acreedor que está pendiente de cobrar una deuda solicite que se le adjudique el inmueble. Para ello, tendrá que solicitarlo en un plazo de 20 días, transcurrido el cual la orden de embargo quedaría anulada. Cuando el inmueble en cuestión no es la vivienda habitual de la persona deudora, el acreedor puede pedir la adjudicación a cambio del 50% del valor por el que la casa ha salido a subasta o por la cantidad que se le debe. Por ejemplo, si un banco tiene pendiente el cobro de un total de 50.000 euros y la casa subastada para pagarle la deuda sale por 120.000, en caso de que no haya pujas, podrá pedir que se le adjudique por 60.000 o por 50.000 euros, lo que le sea más ventajoso. Si fuera la vivienda habitual del deudor, el importe debe ser del 70% del valor del inmueble.