María Antonia Morillas (Torredonjimeno, Jaén, 1982) es la directora del Instituto de las Mujeres, un organismo estatal que depende del Ministerio de Igualdad al que llegó en abril de este año. Graduada en Comunicación Audiovisual, es experta en planificación de procesos participativos por la Universidad Complutense y ex edil de IU del Ayuntamiento de Málaga. Este jueves ha visitado Córdoba, donde se ha reunido con colectivos de mujeres para conocer sus propuestas en relación con la revisión de la Ley del aborto, y con mujeres del sector de la limpieza.
El Instituto estatal de la Mujer es una institución desconocida en Córdoba, ¿cuál es su función teniendo en cuenta que las competencias en Igualdad están muy descentralizadas en España?
El Instituto de las Mujeres es el responsable de desplegar el enfoque de género de manera transversal al conjunto de políticas de la Administración General del Estado. Para que se haga una idea, en este momento es el responsable de elaborar el Plan Estratégico de Igualdad del Gobierno para los próximos 4 años. En este nuevo periodo queremos que el Instituto esté pegado al territorio, que sea un canal de participación directa de las mujeres en el diseño de las políticas públicas. Por ello estamos impulsando este proceso participado que nos ha traído a Córdoba, de revisión de la Ley del aborto, para la ampliación y consolidación de los derechos sexuales y reproductivos. Episodios como el del tiktoker Naim Darrechi confirman que en este país tenemos una deuda con la educación sexual y con la salud sexual y reproductiva, y que es urgente priorizarla. Este, será el próximo hito en el proceso de conquista de una nueva generación de derechos feministas, de la que ya forman parte leyes como la del “solo sí es sí”, recientemente aprobada.
Episodios como el del tiktoker Naim Darrechi confirman que en este país tenemos una deuda con la educación sexual y con la salud sexual y reproductiva
¿En qué puede ayudar en la práctica el Instituto a una mujer víctima de violencia de género o acoso laboral?
El Instituto impulsa programas para la igualdad en todos los ámbitos, el empoderamiento y la participación de las mujeres, que es el mejor antídoto frente a la violencia de género. La ministra Irene Montero llevará al próximo Consejo de Ministros y Ministras un catálogo de medidas urgentes, que atiendan la situación de alarma que estamos viviendo y que ha supuesto 27 asesinatos machista en lo que va de año, 4 de ellos en Andalucía. Vamos a poner todos los recursos a disposición, a fortalecer la colaboración interinstitucional y lograr una amplia implicación social, para combatir las violencias machistas y los discursos negacionistas que contribuyen al caldo de cultivo misógino. Una víctima de acoso laboral tiene a su disposición el servicio de información y asesoramiento del Instituto a través del teléfono puesto en marcha recientemente. Además, hemos elaborado un modelo de protocolo de prevención de acoso sexual y por razón de sexo y en otoño arrancaremos proceso de información y formación para que sea implantado en los centros de trabajo.
Este instituto ha pasado por varios ministerios hasta depender del Ministerio de Igualdad. ¿Qué ha cambiado ese giro en estos dos años de legislatura?
La existencia del Ministerio de Igualdad está permitiendo que se abra paso una nueva generación de derechos feministas en nuestro país. Ese ha sido el principal giro de estos dos años de legislatura. La Ley de Violencia de género (2004), del matrimonio igualitario (2005) y de igualdad (2007) conformaron un paquete legislativo de avance sustantivo en materia de igualdad de género. La ley del “Solo sí es sí”, la ley lgtbi y trans, el Plan Corresponsables y la próxima reforma de la Ley del aborto, impulsadas por el Ministerio de igualdad, constituyen una nueva generación de derechos feministas en nuestro país, traduciendo la agenda de la 4ª ola del feminismo en marcos normativos y políticas públicas valientes, redistributivas, para que ninguna mujer se quede atrás.
La existencia del Ministerio de Igualdad está permitiendo que se abra paso una nueva generación de derechos feministas en nuestro país
El paro sigue golpeando mucho más a las mujeres y la brecha salarial sigue marcando diferencias. ¿Qué medidas se han adoptado para corregir esta desigualdad?
La aprobación y puesta en marcha del decreto 901/2020 que regula los planes de igualdad y su registro y el decreto 902/2020 de igualdad retributiva entre hombres y mujeres, que establece, entre otros instrumentos, la obligatoriedad de realizar registros salariales y auditorías retributivas a las empresas, para verificar que no se producen situaciones de discriminación salarial. Queda mucho por hacer, pero estos decretos, elaborados en el marco del diálogo social, son instrumentos pioneros y de gran calado, útiles para fortalecer la negociación colectiva y detectar discriminaciones laborales por razón de sexo y desigualdades salariales.
¿Qué porcentaje de empresas españolas cuentan con planes de igualdad y qué comunidad es la que está más avanzada en ese sentido?
Hasta enero de 2021 no era obligatorio registrar los planes de igualdad. Este, ha sido uno de los avances que ha supuesto el decreto 901/2020. Desde enero, observamos muy buen ritmo de registro, pero los datos actuales no son aun representativos. El Instituto de las Mujeres dispone de un servicio de asesoramiento gratuito que ayuda diariamente a entidades y empresas a elaborar sus planes de igualdad y está a pleno rendimiento. En este momento estamos asesorando a más de 400 entidades.
En su visita a Córdoba, se reúne con las mujeres del sector de la limpieza. ¿Qué propuestas van a trasladarle para mejorar sus condiciones de vida?
Me reúno con las trabajadoras del sector de la limpieza que han convocado varias jornadas de huelga para mejorar sus condiciones laborales. El sector de la limpieza es un sector fuertemente feminizado y precarizado. Las trabajadoras del sector han prestado un servicio esencial durante la crisis del covid pero sin embargo, el carácter esencial del trabajo que realizan no se corresponde ni con su reconocimiento social ni con sus condiciones laborales. Desde el Instituto estamos realizando un mapa de la precariedad de los sectores laborales feminizados, que nos permitirá visibilizar los suelos pegajosos en los que habitan la mayoría de las mujeres y brindarles herramientas que fortalezcan su capacidad de incidencia y defensa de sus derechos.
Desde el Instituto de las Mujeres estamos realizando un mapa de la precariedad de los sectores laborales feminizados
¿Hasta qué punto diría que es importante el lenguaje inclusivo que tanto chirría en muchos contextos?
Lo que no se nombra no existe. Quien se siente incómodo con el lenguaje inclusivo es quien nunca se ha sentido excluido ni invisibilizado. El lenguaje es la herramienta más valiosa de que dispone el ser humano para comunicarse y relacionarse con los demás. Por tanto, en la selección de las palabras que usamos para nombrar nuestra realidad, podemos estar reproduciendo estereotipos, relaciones de poder y exclusiones o subvirtiéndolas y poniendo luz. Prefiero pensar en el lenguaje como una herramienta de transformación, que nos permite visibilizar a quienes históricamente no han sido ni visibles ni protagonistas.
Quien se siente incómodo con el lenguaje inclusivo es quien nunca se ha sentido excluido ni invisibilizado
La ley trans está generando muchos debates y movilizando a una parte del movimiento feminista en contra. ¿Cree que la ley trans puede restar derechos a las mujeres?
El ruido que ha habido con la Ley Trans me recuerda demasiado al matrimonio igualitario o la ley del aborto, leyes que nos han hecho un país mejor. Por eso creo que, en poquito tiempo, como pasó con esas leyes, se verá que hay un amplio consenso social en garantizar que las vidas de las personas trans sean mejores. Con la Ley Trans y Lgtbi avanzamos en derechos para las mujeres trans, lesbianas o bisexuales y, por eso mismo, supone un ejemplo de política pública feminista que no deja a ninguna mujer en los márgenes, que garantiza lo más material que hay que es el acceso a la vivienda, al trabajo, a la no discriminación por ser quien quieras ser.
La autodeterminación de género garantiza que las personas trans puedan ser quienes quieren ser, garantizar ese derecho implica no tratar a las personas trans como enfermas y con tutelas
¿La autodeterminación del género puede crear problemas jurídicos a la hora de aplicar la ley de violencia de género?
En absoluto. Como bien dijo Helena Dalli, Comisaria de Igualdad de la Unión Europea, la autodeterminación de género es un derecho humano de las personas trans que debemos garantizar para que puedan ser quienes quieren ser y garantizar ese derecho implica no tratar a las personas trans como enfermas y con tutelas. Estoy segura que en unos años, cuando esta ley esté vigente y seamos un país mejor, nadie se atreverá a decir algunas de las barbaridades que estamos escuchando estos meses.
