La Fiscalía de Córdoba ya ha iniciado una investigación y ha abierto diligencias sobre los contratos menores presuntamente irregulares realizados por un técnico municipal en la Delegación de Infraestructuras del Ayuntamiento de la capital cordobesa durante el año 2020. El fiscal jefe de Córdoba, Fernando Sobrón, ha confirmado a este periódico que el Ministerio Fiscal ya está estudiando este asunto, después de que este martes los letrados de la asesoría jurídica municipal presentasen el informe elaborado por el titular de este órgano, Miguel Aguilar, después de que la junta de gobierno local aprobara elevarlo a la justicia. Asimismo obra en poder de la Fiscalía la denuncia interpuesta el pasado mes de mayo por los grupos municipales de Izquierda Unida y Podemos sobre este mismo asunto y que, al igual que el informe jurídico del Ayuntamiento, apuntaba la posibilidad de que en algunos de esos contratos se hubieran producido delitos de falsedad documental (las obras se certificaron antes de su conclusión) y fraccionamiento del contrato.

Asimismo, el fiscal jefe de Córdoba informa de que «se van a pedir una serie de diligencias y se ha puesto a trabajar en ello la fiscal delegada de asuntos económicos, que se encarga ya de la tramitación y de la investigación». En todo caso, por ahora la Fiscalía no ha adoptado ninguna decisión, ya que el de la asesoría jurídica municipal es un informe muy voluminoso y «probablemente pidamos alguna información más» al Ayuntamiento, apunta también Fernando Sobrón.

La asesoría jurídica del Ayuntamiento elaboró su informe a petición del delegado de Infraestructuras, David Dorado (Cs), después de que IU y Podemos denunciaran los hechos en principio vinculados con unas obras de iluminación de la avenida de Libia. El informe del titular de los letrados municipales extiende, no obstante, sus sospechas a otros contratos después de analizar todos los menores que se adjudicaron el año pasado en esta delegación. El alcalde, José María Bellido, ya prometió que la Fiscalía contaría con la máxima colaboración de la administración local y el lunes volvió a pronunciarse en el mismo sentido, si bien descartó el cese del responsable político al entender que el informe no lo menciona.

La junta de gobierno local también ha abierto expediente disciplinario al técnico municipal en cuestión. Al tratarse de una información reservada que afecta a un funcionario no se ha desvelado el contenido del informe que se ha remitido a los juzgados, a pesar de las críticas de la oposición que ha reclamado, de momento sin éxito, «al menos ver» las conclusiones de la asesoría jurídica. IU y Podemos reiteraron el viernes pasado --un día después de la celebración de la junta de gobierno local que adoptó la decisión de acudir al fiscal-- la dimisión tanto del delegado de Infraestructuras, David Dorado, como de la coordinadora del área, María Luisa Bueno. Ambos partidos entienden que «por acción u omisión» ninguno de los dos hizo de manera correcta su función de vigilancia. El PSOE, por su parte, no ha reclamado esta vez dimisiones, pero anuncia que se personará en la causa si se terminan abriendo diligencias judiciales.