Un grupo de padres de exalumnos del IES Góngora que permanecen aislados en Mallorca por el Gobierno de Baleares ha presentado una denuncia por lo penal contra la directora general de Salud Pública de la comunidad, María Antonia Font, por retener de forma ilegal a sus hijos, diez en total, pese a haber dado negativo en las PCR practicadas.

Según explica el abogado y padre de una de las alumnas retenidas, Luis Espinosa, el grupo de jóvenes fue conducido el día 25 de junio al hotel Palma Bellver en ambulancia y bajo custodia policial por su posible vinculación al macrobrote. Un día después, la Consejería de Sanidad de Baleares aprobó una resolución que no entró en vigor hasta el día 27 de junio y que fue remitida posteriormente a los padres. En dicha resolución, se ordenaba el confinamiento forzoso en régimen de aislamiento bajo custodia policial de una serie de estudiantes, incluyendo en dos anexos los nombres, apellidos y dni de los estudiantes afectados.

Sin embargo, revisados dichos anexos, los nombres de estos diez jóvenes del IES Góngora, que salieron de Córdoba después de dar negativo en una PCR y que se sometieron a otra el día 26 en Mallorca que también dio negativo, no figuran en ninguno. El letrado considera, por tanto, que la retención practicada vulnera derechos fundamentales de los jóvenes, ya que no se les puede vincular de ningún modo al brote en cuestión, y que se ha abusado de su disposición de colaborar con el esclarecimiento de lo ocurrido. Recuerdan que estos chicos y chicas llegaron a Mallorca el día 22 y que los botellones y fiestas donde en teoría se produjeron los contagios se celebraron antes de esa fecha por lo que es imposible que ellos estuvieran allí.

Espinosa insiste en que pese a haber cumplido todos los requisitos sanitarios exigidos por las autoridades y" sin justificación alguna", ya que no hay resolución que explique su confinamiento, continúan en el hotel medicalizado "lo que les ha hecho perder los vuelos de regreso y no poder disfrutar de las actividades programadas y autorizadas por el propio Gobierno balear", recalca. En la denuncia, presentada este lunes, los padres reclaman al juzgado que permita a estos diez alumnos abandonar el hotel y se les faciliten medios para regresar a Córdoba.