El consejo rector de la Gerencia de Urbanismo aprobará el jueves el convenio que deben firmar el Ministerio de Defensa, la Junta y el Ayuntamiento de Córdoba y que define las actuaciones patrimoniales y urbanísticas en La Rinconada para la construcción, en una parcela de 85 hectáreas, de la base logística General del Ejército Javier Varela. El expediente, que quedó sobre la mesa en un consejo extraordinario celebrado la semana pasada, en el que salieron adelante los acuerdos con los propietarios de terrenos, las familias Martínez-Sagrera y López Crespo, lleva ya incorporado el informe de Intervención que, sin entrar en más detalles, evalúa las condiciones de sostenibilidad y el cumplimiento de las reglas fiscales. Según se desprende del expediente que se verá el jueves, las estimaciones son que urbanizar, es decir, preparar los terrenos con los viales y dejar las parcelas listas para su edificación, costará más de 60 millones de euros, de los que 6 corresponden a Urbanismo.

Los cálculos se han hecho en base al plan parcial aprobado en el 2009 y al proyecto de urbanización del 2010, realizando los ajustes necesarios por la reducción de viales y la actualización de precios. Teniendo en cuenta que se tardará entre 18 y 24 meses en llevar a cabo esas obras de urbanización, que, según el cronograma de gasto, empezarán en el primer trimeste del 2022 y se ejecutarán entre el 2022 y 2023, Urbanismo debe disponer de 3 millones para el 2022 y de otros 3 para el 2023. Intervención ve garantizada la anualidad del 2022, que ya está presupuestada por Urbanismo en las cuentas de este año, e indica que la del 2023 ha de contemplarse en las del 2022. Para llevar a cabo la base habrá que modificar el plan parcial, aprobar el proyecto de reparcelación, dar luz verde a la modificación del proyecto de urbanizaicón y dar el visto bueno a los proyectos de las conexiones exteriores con las redes de infraestructuras y servicios.

Intervención indica en su informe que los indicadores fiscales de estabilidad y límite de deuda se cumplen "con márgenes más que holgados", aunque no piensa lo mismo de la regla de gasto, por lo que aconseja actuar con prudencia presupuestaria extremando el control de gasto.

Por otro lado, el consejo rector dará el visto bueno, de forma definitiva ya, a la innovación de PGOU que afecta al número 10 de Lope de Hoces, que lleva tras de sí una larga tramitación, ya que el expediente echó a andar en el 2015 y su objetivo es cambiar el uso de la parcela calificada como educativa, que pasará a ser asistencial con el fin de albergar una residencia de mayores complementaria a la existente en el número 12, propiedad también de la Obra Pía. Esta innovación ha experimentado cambios a raíz de las observacones realizadas por la Consejería de Cultura. La construcción por la Obra Pía Santísima Trinidad del colegio de Vista Alegre implicó el traslado de todos los alumnos que había repartidos por los colegios Trinidad I (Tejón y Marín) y Trinidad II (López de Hoces), cuyas parcelas han sido sometidas a una modificación urbanística para darle otro uso. 

El consejo rector tomará conocimiento de una sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo número 5 de Córdoba que estima el recurso contra una sanción urbanística al considerar que se encontraba caducada cuando se dictó la misma en junio del 2016.