El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha acordado, a propuesta del consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, Rogelio Velasco, designar a Manuela Hernández García y Francisco José Adame Rodríguez miembros del Consejo Social de la Universidad de Córdoba (UCO), informa la Junta de Andalucía.
Directora del Centro Tecnológico de Investigación y Calidad Agroalimentaria del Valle de los Pedroches
Manuela Hernández García es licenciada y doctora en Veterinaria por la UCO. Desde 2015 es directora del Centro Tecnológico de Investigación y Calidad Agroalimentaria del Valle de los Pedroches, donde realiza funciones de gestión y coordinación, aunque también ejerce como investigadora. Anteriormente, trabajó durante once años en la empresa COVAP en diversos puestos de responsabilidad ligada a la gestión de calidad. También ha ejercido como profesora asociada al grado de Veterinaria en Producción Animal.
CEO de Deuser Tech Group
Francisco José Adame Rodríguez es ingeniero informático en la especialidad de Informática de Gestión por la Universidad de Córdoba. En la actualidad es CEO de Deuser Tech Group y anteriormente ha desempeñado también funciones de dirección ejecutiva en Unión Tecnológica del Sur. Estas labores se han centrado en Tecnologías de la Información y automatización, instrumentación y control industrial y optimización de procesos, entre otras. También ha sido director comercial en IRC Sistemas Integrables y director técnico en Enersegur.
Consejos sociales
Los consejos sociales son los órganos de participación con los que cuenta la sociedad en la universidad y cada una de las nueve instituciones académicas públicas andaluzas cuentan con uno propio. De acuerdo con la Ley Andaluza de Universidades, al Consejo de Gobierno le corresponde elegir a cuatro de los vocales que conforman cada uno de los consejos sociales, que serán posteriormente nombrados mediante orden de la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades. Estos miembros desempeñan sus funciones en representación de los intereses sociales y deben ser personalidades relevantes de la vida cultural, profesional, económica, laboral, científica y social. La duración de su mandato será de cuatro años, prorrogables por otros cuatro.
