La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha celebrado esta mañana una concentración en Córdoba, de forma simultánea a la organizada en todas las ciudades andaluzas, para denunciar el abandono que sufre la población excluida y el colapso de los Servicios Sociales, y exigir a las administraciones públicas que se fortalezcan el estado del bienestar ante el recrudecimiento de la pobreza, con programas sociales y que "además de a lo paliativo, vayan a las causas de la exclusión". En esta línea, señalan lo "inadmisible" de que año tras año, después de ayuntamientos y gobiernos de todo signo político, Andalucía en general y Córdoba en particular sigan liderando el ránking de los barrios más pobres de España, sin que se desarrollen medidas eficaces para acortar la desigualdad.
Para la organización, “no es admisible la situación de colapso y la falta de accesibilidad a los servicios básicos” de la población vulnerable. Carlos Arce, delegado de APDH en Córdoba, ha criticado que los Servicios Sociales sigan atrincherados en los despachos ofreciendo atención telemática y telefónica y, en casos excepcionales, atención presencial que acumula un retraso sideral". También alude a la falta de sensibilidad ante la brecha digital de esta población, "que en muchas ocasiones carece de la conexión para realizar trámites, tiene dispositivos precarios o falta de habilidades tecnológicas para resolver la multitud de trámites que se les solicitan".
En cuanto a la realidad postpandemia, Arce ha señalado que las medidas específicas puestas en marcha son "del todo insuficientes" y han generado muchas expectativas y una gran frustración a posteriori. En concreto, ha aludido al Ingreso Mínimo Vital, "un fracaso absoluto por cómo se ha planteado como solución a un problema estructural que para nada puede resolver y también por la mala gestión que se está haciendo y las enormes barreras burocráticas que plantea a los beneficiarios potenciales". Señala además el "peloteo" que se da entre instituciones a la hora de tramitar esta ayuda, "de la que nadie parece ser responsable".
En esta situación, la asociación propone disponer de presupuesto suficiente para atender las necesidades sociales existentes, que permitan contar con personal estable en Servicios Sociales, recuperando la atención presencial plena. Explica la asociación que las personas que requieren gran parte de estos servicios sufren una doble exclusión: no tienen medios necesarios para poder vivir con dignidad y quedan excluidas por la brecha digital y la desatención presencial. Asimismo, indican que la Junta de Andalucía "no está ejecutando las medidas necesarias y de urgencia que se precisan", ya que las familias solicitantes de la Renta Mínima de Inserción (REMISA), “última ayuda social que se puede solicitar cuando no tienes nada, llevan en muchas ocasiones una demora de hasta 18 meses en ser resueltas”, denuncian. Para la organización, es urgente poner en marcha la Renta Básica Universal, que acabaría con muchas de las situaciones de pobreza, y considera que “es posible ponerla en funcionamiento de forma simple y eficaz, ayudando a descongestionar los Servicios Sociales y poniendo en valor su verdadera función”.
