El fiscal de Discapacidad, Fernando Santos Urbaneja, ha presentado escrito de demanda contra el Ayuntamiento de Córdoba por la distribución de las plazas de discapacidad de la Oferta Pública de Empleo (OPE) 2020. Con fecha 15 de mayo, la Fiscalía remitió esta demanda al juez de lo Contencioso-Administrativo número 3, que estudia la distribución de dichas plazas, después de que la Junta de Andalucía entendiera que el Ayuntamiento no la había hecho correctamente.
Pese al incremento que hizo después el Consistorio (que pasó de 4 plazas a 17) y a que sigue abierta, según indicó el delegado de Recursos Humanos, Bernardo Jordano, la negociación con la Administración andaluza, el fiscal pide que se incoen diligencias al entender que se produce discriminación contra las personas con discapacidad «en un doble plano: cuantitativo y cualitativo» y pide que se investigue si el Ayuntamiento actúa legalmente en relación a las plazas ofertadas a funcionarios interinos e indefinidos no fijos o si quiere favorecer el acceso a dichas plazas ya ocupadas por interinos.
El fiscal observa que de las 145 plazas de funcionario ofertadas se reservan solo 9 a la discapacidad (el 6,02%) y de 23 laborales, 8 (el 34%), siendo las primeras «de mucha mayor calidad en la medida en que suponen potestades públicas». Entre las plazas de funcionario, de 16 plazas para trabajador social se reserva una para la discapacidad:«¿Por qué razón? ¿Acaso no hay personas con discapacidad preparadas para optar a estas plazas?», pregunta.
El fiscal entra de lleno en el argumento mantenido por el gobierno municipal de que no es posible reservar plazas para discapacidad ni en Bomberos (27 plazas ofertadas) ni en Policía Local (23), al entender que en ambos cuerpos hay «funciones (recepción de llamadas, gestión, etcétera)» que pueden ser desarrolladas por personas con alguna discapacidad. En el caso de Policía, entiende que hay cabida en las tareas de auxilio al ciudadano o que hay actividades como las de los agentes-tutores que imparten charlas preventivas para jóvenes (drogas, ciberacoso o nuevas tecnologías) que perfectamente se pueden acometer. «De lo que se trata es de buscar soluciones audaces e imaginativas», explica el fiscal y recuerda que existe incluso una Asociación de Policías con Discapacidad.
Favorecer el acceso a determinadas plazas
Tampoco entiende la distribución de las 31 plazas de auxiliar administrativo en dos grupos y rescata la tesis de la Junta que entendía que esa división se podía deber «a favorecer el acceso a determinadas plazas que pudieran hallarse ocupadas por personal interino, lo que sería una mayor vulneración de los principios de igualdad, mérito y capacidad».
En sus argumentos de derecho, cita la Constitución Española y la Convención de la ONU sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, entre otros. El fiscal suplica al juzgado que se tengan en cuenta sus argumentos y «dicte sentencia por la que se declare la nulidad» de la OPE. Además, pide que se incoen diligencia en Fiscalía tendentes a determinar la legalidad del modo en que se realiza la oferta de funcionarios interinos e indefinidos no fijos y exige la convocatoria del Consejo Local de Discapacidad.
En el pleno del jueves y en la comisión de Recursos Humanos, el PSOE preguntó por esta cuestión al delegado, que insistió en que sigue abierta la negociación con la Junta pero no avanzó sobre esta novedad judicial que implica el escrito de acusación del Ministerio Fiscal.
