Córdoba lleva cinco años trabajando en el programa Hábitat basado en la metodología de Housing First (La vivienda, primero) de la mano de Hogar Sí y Provivienda, organizaciones que en colaboración con el Ayuntamiento, que financia el proyecto, facilita a personas que llevan años viviendo en la calle y se encuentran en peor situación (con problemas de salud mental, adicción a drogas o discapacidad) una vivienda individual y apoyo profesional en función de sus necesidades y demandas. «Empezamos con diez viviendas en el 2016 y el año siguiente ampliamos con 10 más hasta que en el 2020 se redujo el presupuesto y nos quedamos en 14, tras un proceso de salida ordenada de las personas que teníamos alojadas», explica Maribel Ramos, subdirectora de la fundación. En este programa no hay límite de tiempo. «Hay quienes realizan un proceso de recuperación y han logrado la autonomía y otros que necesitarán apoyos el resto de su vida», señala.

Antes de entrar, todos se comprometen a recibir una visita semanal de un profesional, realizar una evaluación del programa al año y aportar el 30% de los ingresos que reciban. A partir de ahí, se les entrega una vivienda de alquiler para que vivan en ella y la gestionen. El impacto de la medida es más que evidente, según Ramos. «Los que entran en el programa tienen un mejor desarrollo en calidad de vida, en autocuidado, alimentación, salud y relaciones familiares», señala, lo que los lleva a reducir el uso de otros recursos en tratamiento de adicciones, atención psiquiátrica y sanitaria, alimentación, aseo o higiene. En términos de recuperación, se producen mejoras en la percepción que tienen respecto al apoyo social y de salud que reciben lo que les lleva a sentirse menos solos y aislados. Las ventajas de este programa no son solo para los usuarios sino en términos de eficacia social y económica. Según un reciente estudio que compara los costes de la atención de una persona institucionalizada en un albergue o casa de acogida y los de un usuario del programa Housing First, son prácticamente equivalentes para las arcas públicas. «El coste medio mensual de una plaza en una casa de acogida y el de una persona en el programa Hábitat varía un 1,64%, en torno a 28 euros», una diferencia que se convierte en ahorro si el alquiler de la vivienda, que actualmente se realiza en el mercado privado, se trasladara a la vivienda pública. «El coste del alquiler representa más del 50% del presupuesto del programa, por lo que acceder a viviendas públicas reduciría un 36,68% el coste respecto al modelo de albergue institucionalizado», señala Ramos.

El informe desmonta otro mito ligado a las personas sin hogar. Al contrario de lo que piensa mucha gente, convencida de que las personas que están en la calle lo hacen «porque quieren» o porque son incapaces de vivir y gestionar un piso, la experiencia Hábitat demuestra que no es así. El 96% de las personas alojadas en las viviendas de alquiler del programa permanecen en ellas pasados 18 meses al sentir que se trata de un espacio seguro y definitivo. «Aunque parezca de perogrullo, la raíz del problema del sinhogarismo está en las dificultades de acceso a la vivienda», señala Maribel Ramos, «por lo que no tiene sentido que se aborde solo desde la perspectiva de Servicios Sociales o asistencial». Para la entidad, «es necesario cambiar el modelo de atención y ofrecer los apoyos para impedir que el sinhogarismo se cronifique».