Un veterano empleado municipal asegura con guasa que al Ayuntamiento de Córdoba se entra como pirómano y se sale como bombero. Larga es la lista de ediles que cumplen la máxima, pero no es del todo el caso de José María Bellido, investido alcalde de Córdoba el 15 de junio del 2019, que si bien prometió desatascar asuntos inflamables que aún hoy colean, nunca se ha prodigado en la estridencia ni en la ampulosidad del incendiario. Eso sí, en estos dos años, fuegos ha tenido que apagar unos pocos.
El político popular -que ha exhibido un liderazgo mesurado, de perfil institucional, similar al labrado por el presidente andaluz, Juanma Moreno, y ha evitado pisar callos-- prometió gobernar «para todos» desde la moderación e impulsar un cambio tranquilo, que ha podido pilotar gracias a la estabilidad política de su pacto con Ciudadanos. Una unión que, pese a la zozobra (en ocasiones, con rachas de fuerte marejada), se ha mantenido a flote en un mandato cercenado por el coronavirus y la crisis abierta por la pandemia.
De hecho el covid irrumpió a los 8 meses de la llegada del séptimo alcalde de la democracia (desde la etapa postfranquista) con el decreto de un estado de alarma en toda España y la declaración de un confinamiento que duró hasta mayo. La gestión municipal de la pandemia en los primeros momentos se limitó de manera forzosa a atender las urgencias económicas de los cordobeses que se quedaron sin ingresos de un día para otro (la gestión de las colas del hambre, por ejemplo, que se tramitaron a través del tercer sector, lo que aireó las críticas de la oposición) y a cumplir los imperativos sanitarios, con la adquisición de equipos epis y mascarillas (cuando se convirtieron en artículo de lujo) para la plantilla municipal y la población.
El gobierno local logró sacar adelante con empresarios y sindicatos un plan de choque para hacer frente a la crisis (la oposición ha denunciado la escasa ejecución del mismo y que PP y Cs no hayan rendido cuentas de sus resultados), dotado con 100 millones para la reactivación económica, el mantenimiento de las empresas municipales (algunas tocadas por la bajada de ingresos, como Aucorsa, o el incremento de la faena, como Sadeco) y del sostenimiento del manto social (un algoritmo complicado en una ciudad que acumula el triste ranking de tener 5 de los 15 barrios más pobres del país).
La crisis, como todo, también trajo algunas cosas buenas a Capitulares, como la transformación del Ayuntamiento en una administración 100% electrónica en cuestión de semanas. Una auténtica revolución que permite hacer en la actualidad todos los trámites municipales por internet, algo impensable al inicio del mandato. La cruz de esta moneda, apunta la oposición, es que la brecha digital ha hecho que muchos cordobeses se queden descolgados de este despegue virtual de su administración más cercana e incluso hayan perdido ayudas sociales al ser incapaces de solicitarlas por esta vía.
Socios inestables
En estos dos años, el gobierno municipal (14 concejales frente a 13 de la izquierda y dos de Vox) ha tenido un socio inestable y algún aliado inesperado. Así ha logrado aprobar dos expedientes de ordenanzas fiscales (con rebaja fiscal incluida) y dos presupuestos. En 24 meses, Vox ha sido socio colaborador y látigo del equipo de gobierno a partes iguales. Una bipolaridad que lo ha llevado a respaldar dos bajadas de impuestos, pero a rechazar, por ejemplo, las cuentas del actual ejercicio económico. En el 2021, el alcalde y su escudero, el teniente de alcalde de Hacienda, Salvador Fuentes, han tenido que maniobrar y acabar aprobando los presupuestos con el PSOE, un partido en ejercicio activo de «la oposición leal» que prometió su portavoz, la exalcaldesa Isabel Ambrosio, al inicio del mandato. Hace unos días ha vuelto a demostrarlo dando su apoyo al uso de los remanentes (ahorros) del pasado año, algo más de 17 millones de euros.
El talón de Aquiles de la gestión municipal ha seguido siendo el mismo que en el mandato 2015-19: la escasa ejecución presupuestaria que hace que en la peor crisis de la última década el Ayuntamiento tenga en sus cajones, porque ha sido incapaz de gastarlos, 122 millones de euros de inversiones. Esa circunstancia y el hecho de que la administración local solo haya pagado a sus proveedores en el plazo estipulado por ley, menos de 30 días, un mes (julio del 2020), evidencia que a la máquina de Capitulares le queda aún mucho que engrasar para ser una administración eficaz y ágil.
De igual modo, la carencia de personal municipal, un problema que viene de largo, sigue incrementándose a pesar de la incorporación en algunos cuerpos que estaban ya al límite como Bomberos y Policía Local (están a punto de concluir las oposiciones para 79 plazas). Estas carencias en espacios como los centros cívicos municipales han despertado las primeras protestas de usuarios a las puertas de Capitulares. La frágil situación de los recursos humanos se ve agravada, además, por la paralización en los tribunales de la oferta pública de empleo correspondiente al 2020 (168 plazas) por disparidad en los criterios de reserva de puestos para las personas con discapacidad.
Accidentes, sustos y sofocones
Quien sigue la actualidad municipal sabe que el actual está siendo uno de los mandatos más entretenidos y accidentados desde el punto de vista político, en el que no se ha escatimado en sustos, polémicas y sofocones. Baste apuntar que se ha producido la salida de cinco concejales en apenas 24 meses: tres por decisión personal (Juan Miguel Moreno y Laura Ruiz, del PP; y Manuel Torralbo, del PSOE) y dos impelidos por sus correspondientes polémicas (Eva Timoteo, de Cs, por haber estado cobrando sin contar con la aquiescencia del Pleno su sueldo como delegada de Servicios Sociales y otro, como procuradora de los tribunales; y Juan Alcántara, de Podemos, tras conocerse que se había llevado de un cajero 110 euros que no eran suyos).
Las salidas de los ediles que formaban parte del gobierno provocaron remodelaciones del organigrama institucional (Cultura, por ejemplo, ha tenido ya tres responsables) y la entrada de los nuevos concejales ha ocasionado algunas situaciones complicadas. La más significativa, la protagonizada por María Luisa Gómez Calero, número 6 en la lista de Cs y sustituta de Eva Timoteo, que entró apenas unos meses después de denunciar públicamente a Manuel Torrejimeno, presidente del Imdeco, de corrupción. Este, a su vez, la denunció a ella en los tribunales y ahora ambos tienen que compartir bancada en el salón de plenos.
Para la oposición, la exgerente de Cs es «una tránsfuga de libro», ya que en la práctica actúa como una concejala más del PP, sin vinculación alguna con su grupo. De esta rocambolesca situación nació, además, una comisión de investigación sobre Manuel Torrejimeno, que pretende esclarecer lo ocurrido en el Imdeco. No es el único asunto que se investiga en el grupo municipal naranja, ya que Izquierda Unida elevó en mayo a la Fiscalía una serie de contratos de la delegación de Infraestructuras, que dirige David Dorado, al entender que se podrían haber cometido varios delitos, como fraccionamiento de contratos y falsedad documental. Sobre este capítulo hay, además, un expediente de información reservada abierto sobre un trabajador municipal.
El desmoronamiento que sufre Cs a nivel nacional y el periplo jalonado de tropiezos que ha padecido este grupo no ha afectado, sin embargo, a su pacto con el PP y al menos públicamente las relaciones entre José María Bellido y la primera teniente de alcalde, Isabel Albás, siguen siendo cordiales y fluidas.
En el ámbito judicial también está el caso que salpica a la socialista Isabel Ambrosio, por la ejecución de unas obras (el famoso zuncho) en una finca de su propiedad ubicada en el término de Obejo que podrían haber invadido una vía pecuaria.
Proyectos que despegan
Sin duda, el hito más importante de este primer hemisferio del mandato ha sido el logro de la designación de Córdoba como sede de la futura base logística del Ejército de Tierra. Un proyecto que ha concitado la unanimidad de todos los grupos políticos y que promete dar empleo directo a más de 1.600 personas entre militares y civiles, además de provocar la implantación de una industria auxiliar y de servicios al calor de la macrobase.
La iniciativa sitúa, además, a la ciudad como punta de lanza de la logística, un sueño largamente acariciado que parece por fin despegar con la venta de parcelas en el parque logístico de la carretera de Palma y la implantación de empresas como Amazon.
En estos meses se han reactivado, también, iniciativas que acumulaban meses de retraso como las obras del Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones (CEFC); la Normal de Magisterio, que aspira a ser un Polo Digital y que tiene pendiente aún mirar a los vecinos; y la adquisición de Caballerizas, en vías por primera vez real de lograrse. Por contra, en punto muerto (léase en solar con jaramagos) siguen el Pabellón de la Juventud, el convento Regina o el Templo Romano (los dos últimos incluidos en el Plan Turístico de Grandes Ciudades).
En último lugar, destacar el impulso definitivo que se le ha dado a la ronda Norte (a punto de inaugurarse el tramo municipal), al cinturón verde y a los parques del anillo verde, gracias a la sintonía del Ayuntamiento con la Junta de Andalucía.
