La Delegación de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Córdoba seguirá sin poder convocar la Oferta Pública de Empleo (OPE) del 2020, después de que el titular del juzgado de lo Contencioso-Administrativo 3 de Córdoba, que analiza si dicha oferta incluye la distribución de plazas reservadas a la discapacidad que exige la ley, haya desestimado en un auto el levantamiento de las medidas cautelares que pedía la asesoría jurídica municipal.
El pasado 28 de abril, el gobierno local solicitó al juez la revocación de la medida cautelar (la parálisis de la OPE) o en su defecto la modificación de la misma acordando excluir de la suspensión las plazas correspondientes a los Cuerpos de la Policía Local y del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de Córdoba (SEIS) o, también de forma subsidiaria, las de este último.
En su auto, el juez recuerda que las medidas cautelares deben estar en vigor hasta no existir una sentencia firme, aunque pueden ser modificadas o revocadas si cambian las circunstancias que llevaron a imponerlas. En el auto estima que eso no ha ocurrido, ni siquiera como, sostenía el Ayuntamiento, porque se ampliaron de 4 a 17 las plazas reservadas a la discapacidad de esa OPE después de la advertencia de la Junta de Andalucía.
Cabe recordar que el fiscal delegado de Personas con Discapacidad y Mayores, Fernando Santos, asumió, se adhirió e hizo suya la oposición realizada por la Junta a la propuesta de distribución de reserva de plazas para personas con discapacidad realizada por el Ayuntamiento en dicha OPE y consideró que la reserva era insuficiente.
El problema radica en el porcentaje de plazas reservadas a personas con discapacidad en Policía local, Bomberos, plazas ocupadas por funcionarios de empleo interino y personal laboral temporal, así como personal indefinido no fijo. Tanto el letrado como el fiscal no entienden la distribución realizada en el cuerpo C2 (auxiliar administrativo) en dos grupos distintos (21 plazas y 10 plazas, respectivamente) individualizando para cada grupo los códigos de las plazas, en las que se realiza y en las que no, reserva de plazas, «salvo que lo que se pretenda es favorecer el acceso a determinadas plazas que pudieran hallarse ocupadas por personal interino, lo que de suyo sería una mayor vulneración de los principios de igualdad, mérito y capacidad».
El delegado de Recursos Humanos, Bernardo Jordano, ha sostenido hasta la fecha que la paralización de la OPE se debe a distintos criterios para contabilizar las plazas para la discapacidad y defiende que el Ayuntamiento de Córdoba ha seguido el mismo criterio que otros consistorios como el de Sevilla. El grupo municipal socialista fue el primero en hacer público lo ocurrido con la suspensión cautelar de la OPE del 2020 y ha pedido en varias ocasiones al delegado del PP que cambie de criterio.
