El Defensor del Pueblo tramitó el pasado año un total de 270 expedientes procedentes de la provincia de Córdoba (un 8,93% del total de Andalucía), lo que supuso un 56,9% más de quejas que el año anterior, que fueron solo 172, coincidiendo con la crisis sanitaria y el confinamiento.
Así se recoge en el informe anual presentado por el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, que recoge la gestión durante la pandemia.
En este informe, en el que se detallan los expedientes por área de actuación, se refleja que la mayoría (50) proceden del área de Función y Empleo públicos, al que siguen 32 por Administración de Justicia; 30 por Empleo y Seguridad Social; 25 por Sanidad; 25 por Política Social; 17 por Educación y 16 por migraciones. El resto está por debajo de estas cifras.
Además, el Defensor del Pueblo incluye al Ayuntamiento de Córdoba en la lista de «administraciones entorpecedoras» y «no colaboradoras» de su gestión. En concreto, señala que «el 20 de febrero del 2020 se solicitó información sobre denegación de renta mínima de inserción social a familia sin recursos. Se formuló tercer requerimiento el 2 de octubre de 2020» sin respuesta. Otro organismo que aparece señalado en el informe del 2020 es la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que también se entra en la lista de administración "no colaboradora". El Defensor señala que solicitó ampliación de información el 17 de junio de 2019 sobre obras para la estabilización de márgenes del río Anzur, afluente del Genil, en el Sur de la provincia; el tercer requerimiento se cursó el 6 de julio y el informe, al fin, se recibió días más tarde.
Córdoba se sitúa en quinto puesto entre las provincias andaluzas en número de expedientes, que alcanza en la comunidad los 2.417. A nivel nacional, los asuntos relativos a la Administración de Justicia lideraron las preocupaciones ciudadanas (4.439), seguidas por las quejas relacionadas con el empleo.
