Las carencias características de la administración de justicia en España, y concretamente en Córdoba, ya existían antes de la crisis sanitaria y el coronavirus ha venido a ahondar en esa problemática. Este es el resumen básico del balance efectuado por el presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba, Francisco de Paula Sánchez Zamorano, sobre la actividad judicial en la provincia durante el año pasado.

"El diagnóstico, por desgracia, viene a ser el mismo que en año anteriores", ha afirmado Sánchez Zamorano, que ha vuelto a recordar la escasez de jueces, de funcionarios y de medios materiales, especialmente en la aplicación de nuevas tecnologías. Además, ha insistido en la necesidad de que se implante el nuevo modelo de oficina judicial, que vendría a suplir las carencias de un sistema, ha recordado, "diseñado para la España rural de principios del siglo XX".

Más allá de las buenas infraestructuras judiciales con las que cuenta Córdoba, evidenciadas en la Ciudad de la Justicia de la capital, el resto de la administración adolece de ciertas carencias que, ha recordado Sánchez Zamorano, vienen de años atrás, por lo que son problemas "sistémicos". Pero el coronavirus, claro está, ha tenido cierta incidencia en el funcionamiento del día a día del mundo judicial. La pandemia supuso la paralización casi total, durante tres meses, de la administración, más allá de que se tramitaran asuntos urgentes.

Según ha explicado Sánchez Zamorano, una vez se empezó a recuperar la normalidad hubo que reestructurar las agendas de señalamientos, cuya dilatación en el tiempo se ha doblado a consecuencia del covid-19. En la sección Penal de la Audiencia Provincial, ha evidenciado el presidente del órgano, se ha pasado de un periodo de cinco o seis meses al doble, es decir, prácticamente un año para un señalamiento.

Además, la vuelta al trabajo no supuso un ritmo activo, dado que, según ha recordado Sánchez Zamorano, había que suspender juicios de forma asidua dado que se daban numerosos contagios entre abogados, jueces o acusados. A la misma vez, el estado de alarma y el consiguiente confinamiento supusieron que cayeran los casos que entraban en los juzgados. En lo Penal, por ejemplo, entraron el año pasado unos 3.000 casos menos que en el 2019, lo mismo que ocurrió en lo Mercantil. Sobre esto último, eso sí, el presidente de la Audiencia ha advertido que las consecuencias de la crisis económica (procedimientos concursales, por ejemplo) se verán a lo largo de este año y el que viene.

Acerca de las necesidades de nuevos juzgados y magistrados para Córdoba, Sánchez Zamorano considera que como mínimo serían cinco: dos para la Audiencia (uno en Penal y otro en Civil), otros dos de Primera Instancia e incluso otro más en lo Mercantil. Aún así, el presidente de la Audiencia ha insistido en que la reforma del sistema actual, con esa implantación de la nueva oficina judicial, haría mermar las necesidades de nuevos juzgados.

Sánchez Zamorano ha añadido en este sentido que, ahora mismo, España es de los países de Europa con la peor ratio de jueces por 100.000 habitantes: tiene 12 y la media europea es 20. Esto lleva a que el país sea el tercero de Europa que más tarda en resolver los litigios.

Bajan los asuntos incoados en violencia de género

Los casos judicializados de violencia de género cayeron durante el año pasado, según el balance realizado por el presidente de la Audiencia Provincial, Francisco de Paula Sánchez Zamorano. En el año 2019 se incoaron 2.893 asuntos relacionados con violencia de género, que fueron 2.845 en 2020, de los que 1.082 se gestionaron en la capital. 

Sí aumentaron las denuncias, que pasaron de 1.933 a 2.039. Además, se emitieron 380 ordenes de protección a víctimas de violencia de género, el 80% de las incoadas, frente a 348 del año anterior, por lo que hubo un ligero incremento. Sánchez Zamorano explicó que el año pasado el 52% de las sentencias emitidas por juzgados de violencia de género fueron condenatorias, por un 60% de media en el 2019.

El presidente de la Audiencia que, en esta materia, es necesaria la «comarcalización», de la misma forma que existe un hospital de referencia. «No creo que sea alejar la justicia del ciudadano», apuntó Sánchez Zamorano, que explicó que ya intentó en su día poner esto en marcha, pero que reconoció que los números «no daban» para ello.

El de cláusulas suelo, desbordado

El juzgado de Primera Instancia 11, que asume los casos de cláusulas suelo desde hace tres años, es el que más preocupa al presidente de la Audiencia. Este juzgado cerró el 2020 con 5.671 asuntos pendientes y los dos jueces que lo componen «no dan a basto». Está previsto que venga un juez de refuerzo en los próximos meses, pero aún, la plantilla que lo compone «no es muy boyante», apuntó el presidente de la Audiencia.