La Junta ha aprobado un programa encaminado a facilitar a los inquilinos de su parque público de vivienda el pago de la renta que abonan por el alquiler y las deudas contraídas. El programa de determinación temporal de la renta por circunstancias socioeconómicas coyunturales, que así es como se denomina, pretende reducir al mínimo la cuota que pagan los residentes en pisos de la Junta que, por su delicada situación económica, no pueden hacer frente al abono del arrendamiento. Según la resolución, publicada en el BOJA, está pensado para inquilinos que ya han agotado todas las ayudas de las que disponen y, pese a ello, aún tengan dificultades para pagar la cuota. El programa está enfocado a dos tipos de residentes: los que abonan una renta que está por encima de la media de las del parque público y supera su capacidad socioeconómica y aquellos que acumulan una deuda considerable y expresan su interés en saldarla con facilidades. La Junta advierte de que estas medidas son provisionales y están sometidas a revisión permanente, por lo que pueden ser revocadas en cualquier momento. No obstante, se parte de un plazo de un año prorrogable.
Las medidas previstas consisten, por un lado, en fijar temporalmente una renta mensual más baja, que no podrá ser inferior a 20 euros y no podrá verse rebajada en más de un 75%; y, por otro, en el aplazamiento del abono de la deuda pendiente. Además, hay otra opción, la de llegar a un acuerdo para el pago de la deuda adaptado a las posibilidades del inquilino. Los residentes deben cumplir unos requisitos, como los de ser titular de una VPO de AVRA ocupada en régimen de alquiler y que la suma de los ingresos de la unidad familiar no supere los límites fijados por el área de gestión del parque público. Además, deberán acreditar que sus circunstancias de dificultad económica se encuentran en fase de estudio por los Servicios Sociales. Asimismo, ha de estar al corriente del pago de las cuotas devengadas sobre la vivienda o tener establecido un compromiso de abono de la deuda previo a la solicitud y estar al día del abono del mismo. A esto se suma que ha de tener abonados los seis últimos recibos. Si no cumplen este requisito, pero demuestran que el impago es por situación sobrevenida, pueden acogerse al plan con un informe social. En caso de deuda contraída, el inquilino ha de reconocerla y comprometerse a abonarla y a pagar una mensualidad minorada y otra atrasada.
Solo 39 peticiones
AVRA tiene casi 6.000 pisos en alquiler social en la capital repartidos en los barrios de Las Moreras, Las Palmeras y Guadalquivir. Sin embargo, muy pocos inquilinos han solicitado esta ayuda en ediciones previas. Según la Consejería de Fomento y Vivienda, que no ha ofrecido datos sobre el volumen total de la deuda acumulada en Córdoba, «no es posible saber a priori el número de beneficiarios porque este tipo de ayudas se tramitan a demanda por las familias que necesitan esa reducción de la renta de alquiler, y se otorga si cumplen los requisitos exigidos». En los dos últimos años, solo 39 familias se acogieron al plan, a los que hay que sumar 14 expedientes de minoración de la renta durante cuatro meses, que se tramitaron en el 2020 acogidos a las medidas excepcionales por la pandemia de coronavirus.
Para la Asociación de Familias Necesitadas (Anfane), este tipo de ayudas «no sirven de nada» porque no «ayuda a reducir la deuda a quienes no tienen recursos». El presidente de la entidad, Rafael Cidres, considera que «la única forma para mejorar la situación de las familias vulnerables, muchas de las cuales han empeorado su situación desde la pandemia, sería hacerles una quita de la deuda, como se ha pedido al Gobierno en lugar de moratorias y como han hecho muchos arrendadores privados, que han bajado la cuota durante la pandemia y han perdido dinero para ayudar a sus inquilinos». Además, Anfane reclama a AVRA que compruebe cada año cuántas viviendas hay vacías, cuántas ocupadas y si las familias alojadas en sus viviendas han mejorado su situación económica. «Si alguien empieza a trabajar y cobra un sueldo con el que puede pagar un alquiler normal, tiene que dejar la vivienda social, que debe ser para las familias vulnerables, pero eso no se investiga», señala, «si tienes un puesto de trabajo te tienes que ir y dejar paso a otra familia».
