Unidas Podemos (UP) ha pedido este viernes en el Parlamento de Andalucía investigar las llamadas contrataciones exprés realizadas por el Gobierno regional con cargo de los fondos covid, a las que comparó jurídicamente con los ERE, al asegurar el Tribunal Superior de Justicia (TSJA) que hubo una "ausencia completa de procedimiento". Uno de los portavoces de UP en Andalucía y coordinador regional de IU, Toni Valero, ha pedido este viernes, en una rueda de prensa celebrada en Córdoba, recordar "bien" esta frase "sobre la que pivota todo el caso de los ERE", ya que aparece también como elemento nuclear de la resolución judicial de la principal causa de ese caso.

Para Valero, que ha anunciado la presentación hoy mismo de la petición de la creación de la comisión de investigación a través de la representación parlamentaria de Adelante Andalucía, acusa de mentir "a sabiendas" al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y al consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, por asegurar "en todo momento" que las contrataciones "se estaban haciendo conforme a la ley". A su juicio, el Gobierno andaluz, "generó unas expectativas y unas esperanzas en un pueblo que lo estaba pasando mal" cuando, en verdad y "por desgracia", lo que estaba haciendo era "propaganda y estaba anunciando un procedimiento de contratación fraudulento que se prestaba al enchufismo".

Valero ha recordado también que su organización denunció este procedimiento por obviar los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad "en base a quién ha llegado primero a la página web, a un procedimiento que se presta a quien se haya enterado antes por cualquier cauce informal pueda ser contratado frente a otros que tengan más mérito y capacidad".

Frente a ello, Valero enfatiza que "el Gobierno andaluz tiró para adelante y contrató, contrató y contrató" y ocultó las sentencias que se iban produciendo, hasta que el TSJA ha producido la décimo tercera en contra de las 'contrataciones exprés', en las que se llega a decir que el procedimiento "ha sido grosero", aseguró.

El dirigente de IU reclama responsabilidades políticas y la petición de perdón al Gobierno regional por desoír las llamadas sobre las ilegalidad del procedimiento y por ocultar "al Parlamento esas sentencias, que dicen que las contrataciones son irregulares y se prestan al enchufismo". Las sentencias, en su opinión, dejan dos damnificados, las personas que "merecerían haber sido contratadas y que no lo fueron cuando tenía mérito y capacidad para serlo" y quienes sí lo fueron y que "ahora se ven perjudicados por esta sentencia, no le va a contar en este caso la antigüedad".

Para la secretaria general de Podemos Andalucía, Martina Velarde, el hecho tiene una especial gravedad cuando en el procedimiento declarado ahora ilegal también por el TSJA, como por doce primeras instancias judiciales, se "excluyeron de poder acceder a esa contrataciones a los mayores de 60 años, las mujeres embarazadas, las lactantes y las personas con discapacidad". Por ello, solicita conocer cómo y quién se tomó las decisiones que llevaron a ejecutar las resoluciones que ahora la Justicia rechaza.