El próximo mes de mayo se reanudará la labor de catalogación y digitalización de los archivos del centro penitenciario de Córdoba a partir de 1936. Se trata de una material imprescindible para elaborar un censo real de las personas represaliadas tras la guerra civil y el golpe de estado en la provincia. Todos los expedientes, una vez analizados y catalogados, pasarán a ser custodiados por el Archivo Histórico Provincial, donde historiadores y ciudadanos que lo deseen podrán consultarlos.
La subdelegada del Gobierno en Córdoba, Rafaela Valenzuela, enmarca esta acción dentro de las iniciativas que el Ejecutivo central está impulsando en torno a la memoria democrática, ya que los expedientes que obran en poder de los centros penitenciarios son «fundamentales para la investigación tanto de la guerra como de la posterior represión».
En Córdoba, se hicieron transferencias importantes desde la institución penitenciaria en 2009 y 2012, pero faltan muchos archivos que aún están guardados en cajas y solo clasificados por años. «Ahora hay que ir a los expedientes uno a uno y darles un tratamiento de catálogo y digitalización», explica la subdelegada. La idea es trasladar esos expedientes que actualmente atesora la prisión, desde el 36 hasta el 50 al Archivo Provincial, para lo que es imprescindible el previo catálogo de los mismos. Hasta el momento solo se han transferido los archivos del 36 al 38 y la letra A del año 39 al 49.
Para ello, el Ministerio del Interior ha contratado los servicios de una empresa especializada --que ya ha trabajado en otros centros penitenciarios en estas labores-- y que va a formar además durante un año a uno de los funcionarios de la prisión. Aunque en principio está previsto que el trabajo concluya en mayo del 2022, el contrato es susceptible de ampliación. «Creemos que lo será por el volumen de archivos que hay en la cárcel de Córdoba», comenta Rafi Valenzuela.
El impulso al catálogo de toda esta documentación era una demanda generalizada entre los historiadores y las asociaciones memorialistas de Córdoba, ya que los expedientes de las cárceles son una de las principales fuentes para estudiar los años de la contienda y la posterior represión franquista.
Una vez que los archivos hayan sido catalogados y digitalizados pasarán a manos del Archivo Histórico Provincial. «Es una manera de avanzar en la memoria democrática, que es lo mismo que avanzar en la dignidad, una obligación democrática y una deuda con nuestra memoria», asegura la subdelegada.
También para Antonio Deza, de la Asociación Dejadnos Llorar, es fundamental hacer ese análisis porque «los datos de la prisión de Córdoba son imprescindibles para completar el censo de víctimas del golpe y la posguerra en la provincia. Son unos datos muy esperados por los historiadores y documentalistas».
Fundamental para la exhumación de las fosas
El archivero y estudioso de la guerra civil Julio Guijarro hizo una petición el pasado mes de febrero en este sentido y ahora, aunque ve positiva la reanudación, insiste en que la transferencia debe hacerse del fondo completo, porque «la prisión no tiene la función de custodia de los archivos y retiene una documentación sin argumentos legales para ello», denuncia. Guijarro presentó un escrito pidiendo que en el más breve plazo posible se procediera desde el centro penitenciario de Córdoba a la transferencia, descripción y acceso a familiares de víctimas e investigadores de la citada documentación hacia al Archivo Histórico Provincial.
En dicho escrito, Guijarro --que atesora casi una década de estudio de los archivos sobre justicia militar en la provincia de Córdoba y que intervino en las intervenciones del 2018 y 2019-- recuerda que en diciembre las cuatro administraciones del Estado firmaron un protocolo para la exhumación de fosas en Córdoba y asegura que "para esa intervención en fosas y para la citada investigación, resulta imprescindible la consulta de los fondos documentales de la antigua prisión provincial de Córdoba (prisión provincial y habilitada), en concreto los libros registro y expedientes penitenciarios de detenidos y presos condenados por la justicia militar franquista.
Guijarro recuerda también que la provincia de Córdoba resulta una excepción incomprensible en cuanto a la transferencia de los fondos de prisiones desde dependencias del Estado a los Archivos Históricos Provinciales de Andalucía. Por poner sólo algunos ejemplos, al Archivo Histórico Provincial de Sevilla se han transferido en su momento los expedientes de la Prisión Provincial de La Ranilla y son de libre consulta; y al Histórico Provincial de Cádiz los de la Prisión de El Puerto de Santa María, que además se encuentran descritos a nivel de catálogo (con más de 8.000 personas), digitalizados, y las peticiones se sirven por correo electrónico, previo pago de las tasas correspondientes.
Asimismo Julio Guijarro sostiene que en Andalucía, los Archivos Históricos Provinciales son de gestión compartida entre el Estado y la Comunidad Autónoma, y son los responsables de recoger, seleccionar, conservar, organizar y servir la documentación producida o recibida por los servicios periféricos de la comunidad autónoma y de la Administración General del Estado en su provincia, "por lo que en nuestro caso son el destino obligado de la documentación del Estado sobre recintos penitenciarios".
