La Intervención General del Estado ha detectado hasta 26 anomalías en las cuentas del Ayuntamiento del año 2020. En la parte de control y fiscalización se incluye en el orden del día del Pleno de abril, que se celebrará hoy, varios informes de la Intervención sobre las cuentas del 2020, la morosidad de la administración local, los reparos levantados por Alcaldía o los anticipos de caja realizados a lo largo del curso. Así en el informe de anomalías detectadas en materia de ingresos del anterior ejercicio, la interventora municipal señala un total de 26 anomalías, la mayoría de ellas (8) en el Instituto Municipal de Deportes (Imdeco). En concreto, en este organismo se observan anomalías en el uso privativo del Pabellón Vista Alegre, del 9 al 17 de noviembre del 2019, para la celebración del World Pádel Tour, donde la funcionaria ve inadecuación del procedimiento seguido respecto a la normativa y reglamentos del Imdeco, así como disconformidad con el cálculo del precio público establecido. Por otro lado, observa que existen concesionarios de instalaciones municipales deportivas (salas de barrio o campos de fútbol municipales) que estarían incumpliendo las obligaciones previstas en los contratos al tener cantidades pendientes de abonar en concepto de canon. Asimismo, se advierte en varias de estas concesiones que hay disconformidad de la Intervención con la subida del canon propuesta o, en casos donde sí se considera adecuada dicha actualización, pero se pone de manifiesto "un claro incumplimiento por parte del concesionario de lo establecido en el contrato, ya que el concesionario de esta instalación deportiva no ha pagado el canon desde el año 2017" (el caso de la IDM Vial Padel).
Además de en el Imdeco, la Intervención ha visto anomalías en el Imtur (2), en el IMAE (8), en la Gerencia Municipal de Urbanismo (2) y en el Ayuntamiento de Córdoba (4). En este último se advierte de dos contratos: el de gestión del servicio público de control, delimitación y ordenación del estacionamiento de vehículos en determinadas vías públicas (donde se han omitido los tramites esenciales en el procedimiento previsto para la contratación pública y por tanto, dice la interventora, no procede prórroga y ni resulta aplicable la continuidad), y en el contrato del servicio de grúa y depósito de vehículos (porque con la nueva normativa las tarifas que abonen los usuarios han de ser prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario).
En el IMAE, la mayoría de las advertencias están relacionadas con ingreso del canon de cesión de uso de las instalaciones del IMAE (Gran Teatro, Góngora o Axerquía) con posterioridad a la realización de la actividad, incumpliendo lo establecido en la ordenanza reguladora de precios públicos, además de no haberse ingresado el importe de la fianza por la totalidad que corresponde conforme la referida ordenanza. Eso ha ocurrido en conciertos como el de Pablo López o Antonio José o en el musical de El guardaespaldas, entre otros.
Entre las anomalías contables apreciadas en el Imtur está, por un lado, la intermediación de productos turístico en los meses de enero y febrero, en los que hubo falta de regularización de contratos que respalden las prestaciones señaladas; y por otro lado, se advierte que la instrucción al servicio de mediación del Imtur para la venta de productos o servicios turísticos se ha hecho pese a la ausencia de regulación expresa en las bases respecto al procedimiento de modificación de los productos o servicios objeto del contrato. "Debería quedar explicitado qué procedimiento se establecerá para que el tercero prestador del servicio pudiera alterar el precio o añadir un producto o servicio nuevo", dice la interventora.
En el caso de la Gerencia Municipal de Urbanismo, los problemas detectados se refieren a los avales constituidos por la junta de compensación de varias promociones, no quedando acreditada en una de ellas la solvencia exigida por ley.
Informe de morosidad
La interventora también ha informado sobre la morosidad del Ayuntamiento de Córdoba, que en el ejercicio 2020 no ha cumplido con la normativa en materia de morosidad, habiéndose superado el plazo máximo fijado de 30 días para el pago a proveedores a lo largo de 11 meses del ejercicio, con la única excepción del mes de julio, cuando se pagó a las empresas y autónomos que trabajan para el Consistorio con 29,68 días de media. Por contra, los meses de mayo (con una media de 52,28 días) y febrero (47,61 días). Precisamente en el pleno se debatirá hoy una moción del PSOE en la que se pide mejorar el pago medio a proveedores (PMP).
